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La acción fue presentada por medio de sus abogados, el doctor Ramón Alcántara De los Santos y el licenciado Bolívar Antonio de Jesús Ureña Marte.
El propósito principal de esta acción es impedir que la Junta Central Electoral (JCE) ponga en marcha un proyecto de ley que, según los demandantes, podría violar los derechos fundamentales de los aspirantes independientes.
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Este proyecto, presentado a la Cámara de Diputados el 28 de marzo de 2025, ha sido considerado perjudicial y restrictivo. Asimismo, los demandantes buscan que la JCE acate lo establecido en la Sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, emitida el 13 de diciembre de 2024, que ordena la elaboración de un reglamento inclusivo y proporcional para regular las candidaturas independientes.
La sentencia del Tribunal Constitucional enfatiza que el reglamento debe asegurar la participación ciudadana sin obstáculos excesivos, en cumplimiento del artículo 212 de la Constitución.
No obstante, los demandantes argumentan que la JCE, al proponer normas más rigurosas para las candidaturas independientes, no solo amenaza con infringir derechos fundamentales, sino que también transgrede el orden constitucional.
Este caso, que ha provocado un amplio debate, será fundamental para definir el futuro de las candidaturas independientes en el país y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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