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La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la ACLU en el asunto de dos venezolanos arrestados, quienes niegan los cargos que los vinculan con la banda Tren de Aragua (TdA), según sus abogados
Una jueza federal en Colorado emitió una orden de emergencia que suspende temporalmente la aplicación de la Ley de Extranjeros Enemigos, una ley del siglo XVIII, para deportar a inmigrantes venezolanos indocumentados en ese estado, según se supo este martes.
La jueza Charlotte N. Sweeney resolvió a favor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en el caso de dos venezolanos detenidos bajo acusaciones de estar vinculados con la banda Tren de Aragua (TdA), lo cual ellos rechazan, de acuerdo con sus defensores.
El fallo, reportado por EFE, impide de manera temporal la deportación de todos los extranjeros bajo custodia en el Distrito de Colorado que puedan ser expulsados con base en la Ley de Extranjeros Enemigos, invocada por el expresidente Donald Trump el mes pasado.
Esta decisión se apoya en una reciente sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que establece el derecho de cualquier persona deportada bajo esta ley a una audiencia de apelación en un tribunal federal previo a su expulsión.
Por este motivo, jueces federales en Nueva York y Texas también han resuelto suspender provisionalmente las deportaciones en sus respectivos estados hasta que se establezca un proceso legal que permita dichas apelaciones.
En el caso de Colorado, la suspensión se mantendrá por 14 días, y la jueza Sweeney ha fijado una audiencia para el 21 de abril.
Cabe destacar que esta ley solo ha sido utilizada tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial en el caso de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa.
Uno de los beneficiados por la decisión es D.B.U., un hombre de 31 años que huyó de Venezuela después de ser encarcelado por motivos políticos. Fue arrestado en enero durante una redada en una “fiesta del Tren de Aragua” en el Condado Adams, al norte de Denver, según autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas.
La DEA informó que 41 de los detenidos esa noche no tenían estatus migratorio legal y que “decenas de ellos” estarían relacionados con dicha organización criminal, incluyendo a D.B.U., identificado por un tatuaje.
El otro caso defendido por la ACLU es el de R.M.M., de 25 años, quien escapó de Venezuela tras el asesinato de dos familiares por pandilleros. Fue arrestado en marzo luego de ser visto por agentes federales frente a un edificio asociado a miembros de esa banda. Él también fue señalado como integrante del grupo por sus tatuajes.
En su argumento legal, la ACLU afirma que “la actividad delictiva no cumple con las definiciones tradicionales” de los “requisitos legales” para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, ya que los inmigrantes “no representan ni a un país extranjero ni a un ejército invasor”. Asimismo, la organización subraya que dicha norma “solo se aplicó anteriormente en tiempos de guerra”.
