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La Iglesia Católica alzó su voz contra las políticas públicas implementadas en las áreas de Medio Ambiente, Salud, criminalidad, seguridad vial, violencia doméstica y asistencialismo, cuestionando el estado actual de estas áreas en República Dominicana.
Esto ocurrió en el tradicional discurso del Viernes Santo, llamado Sermón de las Siete Palabras, basado en expresiones de Jesús pronunciadas en sus últimas horas.
Dos párrocos, tres diáconos, una monja y una coordinadora de pastoral juvenil interpretaron los pronunciamientos del maestro galileo transformándolos en reproches y llamamientos a las autoridades y al pueblo en general.
Con tono enérgico, se advirtió sobre la fragilidad ecológica de la isla y la necesidad urgente de frenar actividades que dañan los recursos naturales.
La iglesia lamentó que muchas personas contribuyan, a veces sin saberlo, al daño ambiental, mientras otros actúan con conocimiento e indiferencia.
Se mencionaron casos de explotación minera en zonas sensibles como Cuance, San Juan y Cotuí, donde se han generado conflictos sociales por falta de diálogo transparente entre el Estado, empresas y comunidades.
“No es donde salga más económico, sino donde se pueda realizar”, señalaron, criticando la militarización de protestas comunitarias y pidiendo políticas ambientales centradas en el respeto a la vida y la sostenibilidad.
La homilía continuó con una crítica al sistema de salud nacional.
Se enumeraron siete grandes debilidades: la falta de atención primaria, los altos costos de servicios y medicamentos, la baja inversión pública, salarios insuficientes, déficit de personal, problemas estructurales y hospitales deteriorados.
Se preguntaron por qué el sistema 911 ha perdido eficacia y denunciaron la malversación de fondos destinados a salud mental y medicamentos costosos.
“¡Ay de los que roban lo destinado a los enfermos!”, expresaron, exigiendo una reforma profunda y urgente.
La tercera reflexión abordó la inseguridad ciudadana que asola al país.
“Nos han robado la paz”, dijeron, describiendo cómo caminar por las calles o usar el transporte público se ha vuelto algo arriesgado.
Criticaron la inacción de las autoridades ante el aumento de la delincuencia, alimentada por la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes.
La violencia, advirtieron, no solo lastima el cuerpo, sino que daña el tejido social y destruye el futuro de generaciones enteras.
Las cifras alarmantes sobre accidentes viales fueron el centro de atención de esta palabra.
Se recordó que el país lidera la región en accidentes con heridos y muertes por tránsito. Se denunció la circulación de vehículos pesados en mal estado, el incumplimiento de las señales y la falta de civismo al conducir.
“Parecemos estar en un videojuego, donde cada uno se esfuerza por sobrevivir”, señalaron. Se pidió una revisión cultural, educativa y normativa urgente, para que la seguridad vial deje de ser una utopía y se convierta en una realidad.
El clamor de los privados de libertad fue representado en esta palabra.
Aunque se reconoció la apertura de la cárcel de Las Parras, se cuestionó el hacinamiento extremo y la lentitud judicial que mantiene a miles de personas sin condena en condiciones inhumanas.
“Una celda para 40, alberga 200”, denunciaron. Además, señalaron la falta de atención médica dentro de las cárceles y la urgencia de aplicar una justicia rápida como única vía para dignificar la vida carcelaria.
Lejos de celebrar un “todo cumplido”, esta palabra fue un llamado a superar la cultura del asistencialismo.
La oradora se preguntó si desde la Iglesia y el Estado se promueve una economía solidaria que respete la dignidad del trabajador y fomente el desarrollo.
Se instó a dejar atrás las ayudas clientelistas y transitorias, e impulsar políticas estructurales que eliminen la dependencia y fomenten la autonomía económica.
“¿Realmente estamos promoviendo una sociedad justa o perpetuamos la desigualdad?”, cuestionaron.
La última reflexión fue una súplica urgente contra los feminicidios y la violencia intrafamiliar.
Se pidió que todas las instituciones, desde el Estado hasta las familias, creen y apliquen políticas concretas de prevención, educación y apoyo a las víctimas.
“No se trata de campañas temporales, sino de un cambio de conciencia nacional”, afirmaron. Llamaron a los medios, escuelas, iglesias y autoridades a trabajar juntos para salvar vidas, restaurar hogares y prevenir más tragedias.
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