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Con el fin de prevenir una eventual “maniobra” del empresario Antonio Espaillat López y resguardar los derechos de las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set durante la Semana Santa, la Procuraduría General de la República (PGR) se movilizó para obtener la autorización de un juez y así inmovilizar los bienes del dueño del centro de entretenimiento.
La solicitud de medidas cautelares fue gestionada por la dirección de Persecución ante la oficina de atención permanente del Distrito Nacional e, informaron fuentes extraoficiales, abarca no solo la prohibición de transferir bienes de las empresas Inversiones E y L, SRL; Jet Set Club, y otras propiedades, sino también la retención en instituciones bancarias.
Se debe recordar que, hasta el momento, han fallecido 232 personas y unas 180 resultaron heridas a causa del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que tuvo lugar en la madrugada del 8 del presente mes, mientras se celebraba una fiesta con la presentación del merenguero Rubby Pérez, quien es una de las víctimas fatales.
Las investigaciones están siendo dirigidas por el director de Persecución, Wilson Camacho, así como por la fiscal Rosalba Ramos, del Distrito Nacional.
Hasta el momento, las autoridades han mantenido una actitud reservada al proporcionar información sobre este caso.
No obstante, la Constitución establece que el Estado debe proteger a las personas de la violencia y de cualquier amenaza a su integridad física, psíquica o moral.
Además, estipula que las medidas adicionales de protección pueden ser presentadas por la víctima, testigos, personas en riesgo, su representante legal o el Ministerio Público.
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