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El anuncio del ministro de la Presidencia sobre un ambicioso plan de 143 medidas para mejorar el tráfico en Santo Domingo ha generado grandes expectativas.
Y con razón. La movilidad en la capital se ha convertido en uno de los principales motivos de estrés, improductividad y deterioro de la calidad de vida para millones de ciudadanos.
Cada día, los atascos nos roban tiempo, energía y oportunidades. Resolver este problema estructural es una prioridad nacional.
Pero hay algo igual de importante que tener un plan: saber cómo llevarlo a cabo. Y en ese “cómo” hay un paso clave que no puede omitirse si de verdad queremos un cambio duradero y transformador: abrir un espacio amplio de participación antes de anunciar y ejecutar las medidas.
No como una formalidad, sino como una oportunidad real para construir confianza, escuchar diferentes perspectivas y sumar apoyos.
En el país hemos sido testigos muchas veces de iniciativas bien pensadas que fracasan por falta de legitimidad social.
Medidas que generan resistencia porque fueron concebidas en círculos cerrados y presentadas como hechos consumados.
La movilidad urbana es un asunto complejo, donde confluyen intereses, realidades sociales, hábitos culturales y estructuras económicas.
Pensar que se puede solucionar solo con decretos o con anuncios bien intencionados es un error del que ya hemos aprendido bastante.
Por eso, este momento puede ser una gran oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. La solución al caos del tránsito no vendrá de un solo sector, ni siquiera del Gobierno actuando en solitario. Necesitamos una conversación amplia, constructiva y respetuosa que involucre a urbanistas, académicos, transportistas, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, empresarios, comunicadores y ciudadanos que día a día sufren las consecuencias de un sistema desorganizado y obsoleto.
Abrir ese espacio no retrasa el proceso. Al contrario, lo fortalece. Porque las mejores políticas públicas no son las que se ejecutan rápido, sino las que se ejecutan bien. Y ejecutarlas bien implica anticipar resistencias, corregir posibles errores de diseño, y construir desde el principio la base de apoyo que hará posible su permanencia en el tiempo. Nada más frustrante que una medida buena que se cae por falta de respaldo o por mala comunicación.
Un plan de movilidad puede afectar muchos intereses: desde el rediseño de intersecciones, restricciones a giros, control de parqueo, hasta la reestructuración del transporte público.
Cada medida tiene impactos directos en el día a día de miles de personas. Por eso es tan importante que, antes de oficializar el paquete completo, se abran mesas de trabajo, foros de discusión, consultas abiertas. Que se explique qué se busca, cómo se hará, cuáles serán los beneficios y qué ajustes se contemplan si las cosas no salen como se espera.
Además, socializar el plan no es únicamente para escuchar críticas o corregir errores. También es una herramienta poderosa para entusiasmar, para motivar, para convocar a la ciudadanía a ser parte del cambio.
Cuando la gente entiende el propósito de una medida y se siente incluida en su diseño, incluso, colabora y la defiende. Eso es lo que necesitamos hoy: una ciudadanía movilizada, informada y comprometida con la transformación de su ciudad.
Tenemos, sin duda, un gran reto por delante. Pero también tenemos una oportunidad histórica. Si este plan de 143 medidas logra trascender el papel y convertirse en una política pública consensuada, con vocación de permanencia y con resultados tangibles, estaríamos ante uno de los avances más importantes de los últimos tiempos.
Santo Domingo necesita recuperar el orden, la fluidez y la dignidad en su movilidad urbana. Y para lograrlo, necesitamos estar del mismo lado.
Escuchar antes de actuar no es debilidad, es liderazgo. Es apostar a la inteligencia colectiva, al diálogo abierto y a la construcción de un nuevo pacto urbano. Uno donde todos tengan voz, responsabilidad y esperanza.
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