Anuncian descenso en la población carcelaria, en misa por el 4to aniversario de la Ley 113-7

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El acto religioso fue un instante de reflexión sobre los progresos y desafíos pendientes en la transformación del sistema penitenciario nacional.

Ataviados de blanco y uniforme, se congregaron en la Catedral Primada de América jueces, fiscales, funcionarios del sistema penitenciario, miembros del Instituto Superior Especializado de Formación Penitenciaria y Correccional, al igual que representantes de la sociedad civil, en conmemoración del cuarto aniversario de la promulgación de la Ley 113-21, la cual rige el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana desde 2021.

La ceremonia religiosa fue un momento de reflexión sobre los avances y retos pendientes en la transformación del sistema penitenciario nacional, con la finalidad de humanizar y modernizar el trato a las personas privadas de libertad, tal como lo establece la legislación mencionada.

Promulgada el 24 de abril del 2021, la Ley 113-21 derogó la Ley No. 224-84 y estableció un marco legal enfocado en el respeto a la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad. La norma también introdujo mejoras en la administración del sistema, la profesionalización del personal penitenciario y la implementación de protocolos que buscan fortalecer la atención en salud, educación y condiciones de vida en los centros.

Según datos proporcionados por el director general de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, en la actualidad hay 24,640 personas privadas de libertad, de las cuales 672 son mujeres. Además, el sistema de adolescentes en conflicto con la ley alberga a 312 menores. Estas cifras demuestran una disminución en comparación con el año 2020, cuando se registraban cerca de 27,000 personas en prisión.

“República Dominicana es el único país de Latinoamérica donde ha disminuido la población penitenciaria en el período postpandemia”, resaltó el coronel.

Uno de los logros destacados por Hernández Basilio es la creación de pabellones especializados para atención en salud mental, ubicados en recintos como La Victoria, Najayo Mujeres, Najayo Hombres, San Pedro de Macorís y El Pinito en La Vega. Estos espacios atienden a cerca de 370 internos diagnosticados con condiciones psiquiátricas.

Asimismo, el director señaló que la Ley 113-21 ha fortalecido el uso de medidas alternativas a la prisión, a través de la dirección de Medio Libre, permitiendo que más personas puedan cumplir condenas bajo régimen supervisado fuera de los recintos, promoviendo su reinserción social.

Por otro lado, el director reconoció que el personal que labora en las cárceles enfrenta desafíos importantes, incluyendo casos de maltrato, falta de reconocimiento y condiciones laborales difíciles.

Afirmó que desde la dirección se ha priorizado la capacitación y profesionalización del personal, con una formación de un año a cargo del Instituto Penitenciario, e instó a dignificar el trabajo de quienes están en contacto diario con personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los retos mencionados por el coronel Hernández Basilio se encuentran la implementación del reglamento de la Ley 113-21, la creación del estatuto de carrera del servidor penitenciario, así como la apertura de nuevos centros correccionales, entre ellos La Parra, Higüey, Barahona, Pedro Corto (San Juan), entre otros.

Durante la homilía, se hizo un llamado a la responsabilidad colectiva para seguir construyendo un sistema judicial más justo, humano y restaurativo. El párroco citó palabras inspiradas en la enseñanza cristiana:”Tuve hambre y me diste de comer; estuve en la cárcel y me visitaste” — , recordando que la función del sistema penitenciario va más allá del castigo: Se trata de una oportunidad para la transformación humana y la reintegración social”, expresó el sacerdote.

La misa finalizó con un mensaje de esperanza y fe en la capacidad de redención del ser humano. La celebración de este aniversario se convirtió no solo en un acto de gratitud por lo logrado, sino también en un compromiso renovado con los principios que inspiran la Ley 113-21.