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El año de gestión del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), que tomó las riendas el 25 de abril de 2024, se ha caracterizado por la mala administración, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
“El CPT y su Gobierno personifican, desde hace un año, un poder codicioso y deficiente, un Estado en ruinas. El país está gobernado con una total falta de liderazgo, sin rumbo, sin visión y sin proyecto de sociedad”, se lee en el informe publicado este viernes.
En un año, el Consejo Presidencial de Transición ha empeorado la ya preocupante situación del país, subraya la ONG. “Allí donde la población haitiana esperaba reformas, el CPT ha ofrecido una gestión mafiosa de los asuntos del Estado”.
Ante la esperanza de la población de que se iniciara una recuperación institucional, el CPT ha agravado el colapso de las instituciones estatales y, a las víctimas que claman protección y justicia, el CPT les ha impuesto el silencio, la impunidad y la depredación, lamenta la RNDDH. “En ninguna de sus acciones, el CPT ha considerado proteger y defender los intereses del Estado”, dice la declaración.
Según la RNDDH, en el último año se han perpetrado 13 masacres y ataques armados desde la llegada del Consejo al poder. Estos episodios de violencia, sumados a otros actos que atentan contra la vida y los bienes de la población, han causado al menos 4.405 asesinatos y 3.084 actos de violencia sexual y sexista, entre ellos 1.837 violaciones y violaciones colectivas.
Durante este periodo, según el informe, han sido asesinados 31 agentes de la Policía Nacional Haitiana (PNH), 8 militares de las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H) y 2 agentes de la Misión Nacional de Apoyo a la Seguridad (MMS).
“No existe ningún plan de reactivación económica”, señala el informe, que sostiene que los programas de asistencia social suscitan dudas sobre su eficacia y su capacidad para llegar realmente a las personas necesitadas.
La circulación de bienes, servicios y personas en el territorio nacional está controlada y regulada por las bandas armadas que cada día instalan más puestos de peaje. En relación con este “balance catastrófico” sobre las actuaciones del CPT, la institución recomienda la destitución de los tres consejeros presidenciales acusados de corrupción, así como de los dos observadores que, sin justificación alguna, reciben emolumentos y ventajas con cargo al erario.
