Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público sigue profundizando la pesquisa contra la red internacional de narcotráfico y lavado de activos en la que está involucrado el regidor de La Romana, Walky Cuevas Charles, y su cónyuge, Pamela Violeta Astacio. Ambos son parte de una estructura criminal supuestamente liderada por Yúnior Santos Restrepo, quien se encuentra en prisión preventiva.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos decomisó un inmueble valorado en más de 25 millones de pesos, propiedad del regidor del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), como parte de las actuaciones para respaldar la acusación formal que debe presentarse antes de mayo, cuando vence el plazo judicial de ocho meses otorgado tras la imposición de medidas cautelares el 19 de septiembre de 2024.
El bien confiscado es un edificio de tres niveles con seis apartamentos, ubicado en el sector México, en San Pedro de Macorís, y está registrado a nombre del funcionario municipal. Tanto Cuevas Charles como su esposa cumplen medidas cautelares que incluyen presentación periódica y prohibición de salir del país.
Conforme al expediente, la red criminal habría ingresado más de 300 millones de pesos al sistema económico nacional mediante empresas pantalla, con el propósito de adquirir bienes de alto valor y dar apariencia de legalidad a sus ganancias ilícitas. El regidor, presuntamente, facilitó la compra de vehículos y propiedades con dinero del narcotráfico, a nombre de terceros relacionados con la organización.
Las autoridades aseguran que la estructura transportaba grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia la costa Este de República Dominicana en lanchas rápidas, para después distribuir la droga por vía aérea y marítima hacia destinos como Miami, Nueva York, Boston, Nueva Jersey, Puerto Rico, Portugal, Holanda y España.
Adicionalmente, el grupo utilizaba métodos sofisticados para consolidar múltiples cargamentos de diferentes organizaciones criminales en un solo envío, reduciendo así costos y maximizando las ganancias. Posteriormente, los beneficios obtenidos eran ingresados al sistema financiero dominicano para su blanqueo.
El Ministerio Público prosigue recabando pruebas clave para fundamentar la acusación formal ante el Juzgado de la Instrucción de La Romana, donde se solicitará la apertura a juicio contra los imputados. De no presentar el expediente en el tiempo estipulado, la Procuraduría deberá requerir una prórroga al juez apoderado, tal como establece el Código Procesal Penal.
Agregar Comentario