Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MIAMI (AP) — Una jueza federal comunicó el martes a los abogados del estado de Florida que una orden que suspende la aplicación de una nueva ley estatal sobre inmigración era obligatoria para todas las agencias policiales del estado, a pesar de una carta reciente del fiscal general estatal que señalaba lo contrario.
La jueza Kathleen Williams mencionó durante una audiencia en Miami que tenía pensado emitir una orden preliminar contra una legislación estatal que tipifica como delito menor que los migrantes sin permiso legal ingresen a Florida evadiendo a los agentes de inmigración.
El gobernador Ron DeSantis promulgó la iniciativa en febrero, como parte de las acciones del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.
El pasado 4 de abril, Williams emitió una orden de restricción por 14 días, poco después de que Florida Immigrant Coalition y otros grupos, con el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), presentaron su demanda. La jueza posteriormente extendió la orden por otros 11 días tras enterarse de que la Patrulla de Carreteras de Florida había arrestado a más de una docena de personas, incluido un ciudadano estadounidense. La denuncia argumenta que la nueva ley infringe la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos al invadir funciones federales.
Durante la audiencia del martes, Williams le preguntó a Jeffrey DeSousa, quien representa a la Fiscalía General de Florida, por qué el fiscal general de Florida, James Uthmeier, emitió la semana pasada un memorando dirigido a las agencias policiales, indicando que no necesitaban acatar la orden de Williams.
DeSousa dijo que la postura de su oficina es que la orden de un juez solo es aplicable a las partes mencionadas en la demanda en curso. Williams preguntó qué sentido tendría permitir que los agentes policiales arrestaran a las personas sin una causa probable cuando los fiscales no estaban autorizados a procesarlas, a lo que DeSousa no pudo dar una respuesta clara.
DeSousa también argumentó que los grupos de inmigrantes que presentaron la demanda podrían haber nombrado a cada agencia policial individualmente, en lugar de solo al fiscal general de Florida, al procurador estatal y a los 20 miembros de la fiscalía estatal de Florida.
El abogado de la ACLU, Oscar Sarabia Roman, destacó que no habría sido práctico nombrar en su demanda a cada una de las 373 agencias policiales del estado. Agregó que la orden de la jueza debería tener la autoridad para impedir que la policía local aplicara la nueva ley.
Después de que Williams extendió su orden el 18 de abril, Uthmeier envió un memorando a los policías locales y estatales en donde les indicaba que se abstuvieran de aplicar la ley, aunque no estaba de acuerdo con ella. Pero cinco días después, envió otro memorando en el que señalaba que la jueza estaba legalmente equivocada y que no podía impedir que los agentes de policía locales aplicaran la ley. No se han reportado arrestos adicionales desde el segundo memorando de Uthmeier.
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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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