Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MIAMI (AP) — La lista de departamentos policiales locales y agencias estatales que se han sumado a la iniciativa del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas ha subido a más de 500, y casi la mitad se ubican en Florida.
Esa colaboración se hará evidente el jueves, cuando el gobernador del estado, Ron DeSantis, se una a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para impulsar una operación que, según las autoridades, resultó en aproximadamente 800 arrestos de migrantes en menos de una semana.
La policía local puede detener a migrantes y aprehenderlos por incumplimiento de las leyes migratorias en virtud de acuerdos específicos. En diciembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contaba con 135 acuerdos en 21 estados. Ahora se han incrementado a 506 en 38 estados, con otras 74 agencias a la espera de aprobación.
A medida que el gobierno de Trump intensifica la cooperación con agencias estatales y locales, toma medidas para tomar represalias contra aquellas que limitan su apoyo a las autoridades migratorias. El presidente firmó el lunes una orden ejecutiva para publicar una lista de jurisdicciones “santuario” y reiteró sus amenazas de presentar cargos penales contra funcionarios estatales o locales que obstaculicen la política federal.
Quienes se oponen a la participación de los funcionarios locales en la aplicación de las leyes migratorias sostienen que la práctica viola una cláusula de la Constitución que asigna la responsabilidad de hacerlo a las autoridades federales, no a las estatales.
“Se están buscando métodos para aterrorizar a las comunidades”, dijo Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, agregando que los agentes locales no están capacitados para gestionar asuntos migratorios “de forma justa”.
ICE, que dispone de alrededor de 6.000 agentes de deportación, requiere ayuda para lograr el objetivo de Trump de expulsar del país a muchos de los cerca de 11 millones de personas que no tienen la documentación en regla, según estimaciones conservadoras.
Texas, cuyo gobernador republicano, Greg Abbott, es un aliado cercano de Trump en materia de migración, tiene registrados 76 acuerdos, lo que lo convierte en el segundo estado con más pactos. Incluyen uno firmado el 10 de abril con la Guardia Nacional estatal. Además, ha llegado a otro con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que sus efectivos de la Guardia Nacional realicen detenciones en la frontera.
Georgia y Carolina del Norte también se han unido a la causa de Trump, pero ningún estado se acerca al nivel de colaboración de Florida, donde se han adherido agencias de los 67 condados. Algunas de las instituciones participantes parecen tener, en el mejor de los casos, poca relación con la aplicación de la ley de inmigración, como el Departamento de Lotería y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre.
Durante la administración del expresidente Joe Biden no se firmó ningún acuerdo de este tipo. Muchos de los nuevos pactos se ajustan a un “modelo de fuerza operativa” por el cual la policía arresta a migrantes en calles y comunidades, en lugar del “modelo de aplicación de la ley en cárceles” por el cual ICE solo aprehende a personas que ingresan en cárceles o prisiones estatales y locales.
Según las autoridades en Florida, muchas agencias locales aún están esperando formación federal. Sin embargo, las últimas detenciones de ICE, dentro de lo que la agencia ha llamado “Operación ola gigante”, demuestran cómo pueden aumentar los roles estatales y locales.
Alrededor de 80 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida participaron en un operativo contra personas en Jacksonville, Orlando y Tallahassee, así como en los condados de Broward y Miami-Dade, explicó Bill Smith, presidente de la sección de la FHP de la Asociación Benéfica de la Policía de Florida. Un portavoz de la Patrulla de Carreteras no respondió a preguntas.
Las autoridades se centraron en personas con órdenes finales de deportación y arrestaron a otras con órdenes de detención pendientes por delitos previos, como conducir bajo los efectos del alcohol o sin licencia, añadió Smith.
“¡Florida lidera el país en cooperación activa con el gobierno de Trump para la aplicación de la ley de inmigración y operaciones de deportación!”, manifestó DeSantis luego de que ICE anunciara los arrestos el sábado.
Algunos defensores de los inmigrantes señalaron que la mayoría de las detenciones fueron realizadas por policías locales y patrulleros estatales, no por ICE. Los afectados fueron arrestados durante controles de tráfico o al salir del trabajo. Algunos no tenían antecedentes penales y habían solicitado asilo, o tenían permiso de trabajo, según los activistas.
Jessica Ramírez, coordinadora general de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, indicó que la mayoría de los arrestados eran hombres. En algunos casos, aunque no muchos, los funcionarios de ICE llamaron a sus hogares, agregó.
“La gente tiene muchísimo miedo de salir y manejar, miedo a la policía”, dijo Ramírez. “La recomendación es que manejen con precaución, siguiendo las reglas, y no den motivos para que la policía los pare”.
Chica, una mujer guatemalteca de 25 años que pidió ser identificada únicamente por su nombre por temor a ser detenida, relató que Fernando, su pareja y padre de su bebé de tres meses, fue arrestado el viernes por la mañana mientras viajaba en un auto con otros tres inmigrantes hacia su trabajo en la construcción. No ha sabido de él desde entonces.
“Amor, la policía nos agarró”, le escribió Fernando, un guatemalteco de 20 años, el viernes a las 7:47 de la mañana.
Chica señaló que tenía una solicitud de asilo pendiente y permiso de trabajo. La policía le pidió al conductor del vehículo que presentara su licencia, pero no la tenía. Los agentes detuvieron entonces a los cuatro ocupantes, incluyendo a Fernando, que llegó a Estados Unidos solo en 2020.
“Me preocupa mucho. No puedo creer que lo hayan detenido”, contó China, que ahora está considerando regresar a Guatemala. “Me da miedo que lo deporten y yo me quede aquí sin la ayuda de nadie”.
Grady Judd, jefe de la policía del condado de Polk, en el centro de Florida, calificó el operativo como una “gota en el océano” y expresó su frustración con lo que consideró la incapacidad del gobierno federal para llevar a cabo arrestos y deportaciones a mayor escala.
“La razón por la que creo que se estaban enfocando en aquellos listos para ser deportados es que no hay lugar para poner a tanta gente”, afirmó Judd. “Estamos ansiosos por cooperar con ellos. Pero es un sistema y proceso del gobierno federal. Y no está cambiando muy rápido”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Agregar Comentario