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Santo Domingo. La Comisión para la Libertad de Expresión (CCLEX), encargada de crear el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, comunicó ciertas aclaraciones con el propósito de informar a la ciudadanía y nutrir el debate sobre esta propuesta legislativa, que busca modernizar la Ley 6132, en vigor desde 1962.
El coordinador de la comisión redactora, Namphy Rodríguez, detalló que el proyecto se centra en garantizar la libertad de expresión y amparar los derechos de los usuarios en entornos digitales, haciendo hincapié en que no contempla penas de cárcel por delitos de difamación e injuria, lo cual representa un avance significativo en la despenalización de estos delitos.
Uno de los puntos más discutidos ha sido la supuesta facultad del órgano regulador para eliminar contenidos en redes sociales o exigir colaboración obligatoria a los medios. Sin embargo, Rodríguez puntualizó que el proyecto no concede poder al Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) para suprimir contenidos ni sancionar publicaciones en redes sociales o medios de comunicación, salvo en casos puntuales como la protección de la infancia y la dignidad humana.
La propuesta también determina que las plataformas digitales como Facebook, X e Instagram no serán responsables por el contenido que publiquen los usuarios, a menos que incumplan una sentencia judicial, en cuyo caso podrían enfrentar responsabilidad civil. Esta disposición, establecida en el artículo 24 del proyecto, pretende evitar la censura previa, impulsando a la vez mecanismos de transparencia.
Otro aspecto relevante es que el órgano regulador propuesto será independiente del Poder Ejecutivo y será designado por el Congreso Nacional, garantizando así un grado de autonomía institucional en la supervisión del cumplimiento de esta ley.
Rodríguez también resaltó que el proyecto es el resultado de más de dos años de debates y consultas con sectores nacionales e internacionales, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), académicos y juristas. Además, la pieza se ajusta a las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y a las directrices de la UNESCO sobre gobernanza de plataformas digitales.
La comisión agradeció a la ciudadanía por el interés suscitado en torno a esta legislación y renovó su llamado a seguir participando en el debate para fortalecer un proyecto que, aseguran, busca equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad en los entornos comunicacionales del siglo XXI.
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