Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Trece trabajadores vinculados a una de las principales empresas mineras del Perú fueron hallados sin vida dentro de una mina de oro en Pataz, en el noroeste del país, días después de denunciarse su secuestro en dicho lugar, informaron el domingo la empresa y las autoridades.
La minería es un motor económico fundamental en Perú, uno de los mayores productores de oro en Latinoamérica. Pataz, situada a unos 900 kilómetros de la capital Lima, está en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido al aumento de la violencia causado por la fiebre del oro.
“Esta madrugada, tras arduas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (…) por mineros ilegales en connivencia con elementos criminales”, expresó en un comunicado la minera Poderosa, en cuyas instalaciones ocurrieron los hechos.
Las víctimas eran empleados de una compañía que prestaba servicios a Poderosa, una importante minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, que en los últimos meses ha sido blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal.
Fuentes policiales indicaron a la AFP que los cuerpos de los trabajadores aún se encuentran dentro de la mina.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ordenó el despliegue de equipos de élite especializados en crimen organizado y de divisiones de investigación para capturar a los responsables.
“Nuestros agentes (…) están completamente facultados para usar sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente”, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.
Según Poderosa, “ya suman 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control” de la localidad.
La minera hizo un “llamado urgente” a reconsiderar la estrategia de seguridad del gobierno.
La “espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”, enfatizó.
En la ciudad de Trujillo, a nueve horas al oeste de Pataz, los familiares de algunas víctimas aguardaban el traslado de los cadáveres de sus seres queridos a la morgue de esa localidad.
“Queremos justicia, que esto no quede impune”, dijo a la televisora Canal N Abraham Domínguez, padre de Alexander Domínguez, cuyos restos fueron encontrados dentro de la mina.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, señaló que el lunes se reunirá con la presidenta Boluarte para buscar soluciones a la inseguridad.
“Vengo alzando la voz con fuerza, no soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo (…) Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el gobierno central”, afirmó, acongojado.
Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones por 8.241 millones de dólares sospechosas de provenir de la minería ilegal.
El país atraviesa una ola de extorsiones y criminalidad violenta que ha llevado a las autoridades a decretar el estado de emergencia en varios puntos del país.
Agregar Comentario