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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha presentado ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional más de 300 de los 430 testigos que respaldan la acusación contra la presunta red integrada por los generales Julio Camilo de los Santos Viola, Adán Cáceres Silvestre y otros oficiales policiales y militares, acusados de defraudar al Estado por más de RD$4,500 millones.
Jonathan Pérez Fulcar, fiscal adscrito a la Pepca, ofreció la información tras concluir la audiencia de ayer, en la que el órgano acusador finalizó el interrogatorio al perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), responsable del informe financiero que fue incorporado como prueba.
Dicho informe evidenció múltiples transacciones destinadas a encubrir fondos públicos sustraídos y la adquisición de bienes inmuebles por parte de los imputados.
Pérez Fulcar resaltó que las defensas de los acusados De los Santos Viola y Cáceres Silvestre fracasaron en su intento de desacreditar el peritaje, ya que fue autenticado e incorporado al tribunal para su valoración en este caso por corrupción administrativa con el mayor número de testigos hasta la fecha.
“Se demostró que Julio Camilo de los Santos Viola adquirió más de 20 propiedades inmobiliarias entre 2018 y 2021, y que los ingresos de Adán Cáceres Silvestre no eran suficientes ni siquiera para cubrir las cuotas de los préstamos que asumía. Esos pagos eran realizados por Rafael Núñez de Aza, gerente financiero de la institución”, explicó el fiscal Pérez Fulcar.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó la audiencia hasta el martes 13 de mayo, a las 9:00 de la mañana, cuando el Ministerio Público continuará con la reproducción de pruebas, con el objetivo de obtener condenas ejemplares.
Según la Pepca, el grupo de acusados, encabezado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, desvió fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el nombramiento de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, apropiándose del resto.
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