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WASHINGTON – El jueves, la administración del presidente estadounidense Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que le permitiera finalizar el permiso humanitario para centenares de miles de inmigrantes de cuatro países, lo que los expondría a una posible deportación.
La apelación de emergencia pide a los jueces que invaliden una orden de un tribunal inferior que mantiene las protecciones legales temporales para más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El gobierno republicano alega que la decisión interfiere indebidamente en la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.
“El tribunal de distrito ha invalidado una de las decisiones de política migratoria más importantes de la administración”, escribió el procurador general John Sauer.
La orden de la jueza Indira Talwani en Boston impidió al gobierno de Trump poner fin prematuramente al estatus legal temporal de los inmigrantes. Su fallo a mediados de abril se produjo poco antes de que sus permisos fueran cancelados, exponiéndolos a una posible deportación.
Talwani, designada por el presidente demócrata Barack Obama, declaró que los inmigrantes en el programa que están legalmente en Estados Unidos ahora enfrentan la opción de “huir del país” o quedarse y “arriesgarse a perderlo todo”. Indicó que la justificación del gobierno para concluir el programa se basaba en “una interpretación errónea de la ley”.
El Departamento de Justicia recurrió a la Corte Suprema después de que un tribunal de apelaciones se negara a revocar la orden de Talwani.
Sauer argumentó que la jueza estaba equivocada en la ley, incluyendo su conclusión de que cualquier revocación del permiso debe hacerse caso por caso. Argumentó que finalizar el programa anticipadamente permite al gobierno federal expulsar a las personas del país con mayor rapidez, en consonancia con los objetivos políticos de la administración Trump.
El caso es la más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que la administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración. El gobierno solicitó a la corte que eliminara las protecciones legales temporales de 350.000 venezolanos la semana pasada, y continúa inmerso en batallas legales sobre sus esfuerzos para deportar rápidamente a personas acusadas de pertenecer a pandillas a una prisión en El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
Trump prometió durante la campaña deportar a millones de personas que están en el país ilegalmente. Su gobierno también ha intentado desmantelar las políticas del gobierno demócrata del presidente Joe Biden que crearon nuevas vías para que las personas vivan legalmente en Estados Unidos, generalmente por dos años con autorización de trabajo.
Biden utilizó el permiso humanitario más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial en vigor desde 1952. Los beneficiarios incluyeron a más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que volaron a Estados Unidos con patrocinadores financieros en permisos de dos años desde finales de 2022, con autorización para trabajar.
Los defensores han calificado el movimiento de la administración Trump para terminar el programa como “sin precedentes” y argumentaron que violaba la normativa federal.
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