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Se presentaron querellas contra Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes les imputan la reiterada difusión de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria en medios digitales contra cuatro comunicadores.
La información fue proporcionada por un equipo legal que representa a los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Las querellas fueron dirigidas contra cuatro ciudadanos que se dedican a la comunicación en redes sociales y medios digitales.
Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes les atribuyen la reiterada difusión de señalamientos difamatorios e injuriosos.
“Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han sobrepasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con graves consecuencias reputacionales”, afirmaron los abogados en un comunicado de prensa.
El documento señala que, si bien cada querella responde a circunstancias particulares, todas convergen en un mismo propósito: “sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se resuelvan con argumentos, no con agravios”.
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. “No se puede confundir la libertad con la impunidad”, expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.
El pronunciamiento culmina con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
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