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Miami, 12 de mayo (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, presentó este lunes un plan migratorio al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de emplear a miembros de la Guardia Nacional de Florida como jueces para la deportación de inmigrantes y que la Patrulla de Carreteras estatal lleve a cabo sus propias redadas migratorias.
La propuesta del gobernador solicita autorización al Gobierno federal para usar como jueces migratorios al Cuerpo de Abogados Generales, una rama de justicia militar, de la Guardia Nacional de Florida, para “ayudar a agilizar el procesamiento legal de inmigración”.
Además, DeSantis explicó que 100 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) ya asumieron el rol de alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals mediante el acuerdo 287(g), lo que les permitirá ejecutar órdenes judiciales federales y “remover a extranjeros criminales peligrosos”.
“Lo que tenemos ahora con la FHP es que pueden realizar operativos migratorios de manera completamente independiente al Gobierno federal, y no hay nadie más en el país donde estén haciendo eso”, declaró en una rueda de prensa en Tampa.
Como ejemplo, citó la ‘Operación Marea Negra’, el mayor operativo migratorio realizado en un solo estado de Estados Unidos, con un récord de 1.120 inmigrantes arrestados del 21 al 26 de abril en Florida, donde siete agencias locales colaboraron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) federal.
“La ‘Marea Negra’ fue un cuerpo especial modelo donde estuvieron trabajando en conjunto estos agentes ahora en la FHP; ellos pueden hacer operaciones, pueden detener a indocumentados, y pueden hacer todo lo que un agente de inmigración haría, hasta el punto en el que los procesan para su deportación”, describió el mandatario.
El gobernador comunicó el plan que entregó al Gobierno de Trump para contribuir con nuevos centros de detención de migrantes y ampliar las aprehensiones.
Con esto, afirmó que “Florida será el líder en la lucha por hacer cumplir la ley inmigratoria”.
Uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unas 5 millones de personas nacidas en el extranjero, según la organización American Immigration Council.
Pero este estado ha sido líder en la aplicación de la política migratoria de Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes estatales que prohíben las ciudades santuario e imponen multas de hasta 5.000 dólares y suspenden o destituyen a funcionarios que incumplan estas disposiciones.
Como resultado, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados en Florida han firmado acuerdos 287(g), además de varias decenas de ciudades, como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West, Orlando y Doral.
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