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El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) “rechazó de forma rotunda” las acciones del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, quien apartó de un parque a niños haitianos, al violar el protocolo de atención a los menores en situación de calle. De igual modo, instó a respetar los derechos de la niñez.
“Rechazamos de forma categórica las acciones informadas el jueves 15 de este mes, donde una autoridad municipal actuó de manera arbitraria e irregular, transgrediendo los protocolos establecidos para el abordaje de casos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y/o movilidad, y las disposiciones de la Ley 136-03, Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, especialmente en lo relativo al derecho a la integridad personal y al traslado o retención ilegal de los menores de edad”, indicó Conani.
La entidad comunicó que en su oficina municipal de Dajabón tiene un equipo técnico con presencia continua en el centro de acogida de la Dirección General de Migración (DGM) de la mencionada localidad, específicamente en el espacio “Amigable para la Niñez”.
Indicó que, una vez recibidos los niños y adolescentes por parte de la DGM al Conani, se procedió a realizar las entrevistas definidas en el “Protocolo para la Identificación, Atención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Movilidad Humana”.
Agregó que tras la evaluación de cada caso, se determinó que seis de los menores interceptados no tenían arraigo en territorio nacional y manifestaron tener familiares en Haití, por lo que se dispuso su retorno asistido y entrega, en el Puente Binacional Dajabón-Ounaminthe, a las autoridades del Instituto de Bienestar Social y de Investigación (Ibesr), de Haití, con el fin de la reunificación familiar en territorio haitiano.
Explicó que cinco niños y adolescentes salieron sin autorización de las instalaciones de la DGM, según lo reportado oficialmente, antes de que se les realizaran las evaluaciones correspondientes.
Conani indicó que desde 2021 impulsa un programa de atención y protección a niños y adolescentes en condición migratoria irregular, en colaboración con diversos actores del sistema, lo cual ha fortalecido las capacidades de respuesta y el personal especializado, así como los recursos para un abordaje garante de derechos.
Recordó que el artículo 12 de la Ley 136-03 reconoce el derecho a la integridad personal, entendida como el respeto a la dignidad, la inviolabilidad física, psíquica, moral y sexual, y la protección contra cualquier forma de explotación.
