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Baton Rouge, La – El anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de retractarse de sus conclusiones sobre violaciones constitucionales por la Policía Estatal de Louisiana (LSP) genera incertidumbre y alarma, particularmente entre las comunidades latinas y afroamericanas, históricamente más expuestas a abusos policiales.
La investigación, iniciada en 2022 bajo la administración Biden, determinó un patrón de uso excesivo de la fuerza por los patrulleros estatales, incluyendo detenciones violentas, uso indebido de pistolas eléctricas (tasers), y agresiones contra individuos no amenazantes. La decisión de revertir estas conclusiones llega con una nueva administración del DOJ, más cercana a la perspectiva del expresidente Donald Trump, quien ha criticado las investigaciones federales a departamentos policiales por considerarlas injerencias estatales.
Para las comunidades inmigrantes y minoritarias en Louisiana, esta decisión podría entenderse como un retroceso en la búsqueda de responsabilidad y transparencia en las fuerzas del orden. Aunque el DOJ ha justificado que la investigación anterior presentaba fallas metodológicas, la realidad diaria de muchos en vecindarios marginados continúa siendo la de vigilancia excesiva, detenciones sin motivo y temor a las autoridades.
Esta retractación se produce en un contexto donde otras leyes estatales están reforzando el trato hacia los inmigrantes, con propuestas que incluso sancionan a policías locales por no cooperar con ICE (Inmigración y Control de Aduanas).
Así, este cambio de posición del DOJ crea un vacío legal y político en un estado donde la confianza en la policía ya está debilitada. La pregunta ahora es: ¿quién supervisa al supervisor, cuando el gobierno federal se aparta?
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