Aplicar la ley y la Constitución no puede ser una “canallada”

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Por Humberto Salazar

Quienes acusaron a la saliente Presidenta de Brasil, Dilma Roussef, de haber violado varios artículos de la Constitución de ese país, donde se pena el Delito de Responsabilidad, figura jurídica que responsabiliza a los gestores del Poder Ejecutivo de la ejecución transparente del presupuesto aprobado por el Congreso, para nada son ¨canallas¨ y mucho menos los legisladores cometieron una ¨canallada¨ en el ejercicio de sus funciones.

No sabemos como se les puede llamar ¨canallas¨, que significa personas despreciables o de comportamiento malvado, a los miembros del Congreso del país sudamericano, que lo único que hicieron fue aplicar una ley que existe, la llamada de Delito de Responsabilidad, y un procedimiento que esta escrito en su Constitución, la figura del Juicio Político a los presidentes.

Cuando le preguntaron a Fernando Henrique Cardoso, el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ex-presidente del Brasil y uno de los políticos mas admirados de América Latina, si había mérito para el juicio político a que sería sometida la hoy ex-Presidenta Dilma Roussef, este dio lo siguiente:

¨Si uno lee la Constitución brasileña, tiene varios artículos que dejan claro que tipo de acción del presidente requiere un proceso de impeachment. El punto es que Dilma no solo manipuló el presupuesto, sino que usó el dinero público sin ningún tipo de consideración por el país o el Congreso, y el Tesoro está en un pésimo estado por cuenta de esa situación. Por eso fue necesario el impeachment. Ademas de la falta de transparencia y la corrupción del PT, son responsables por la organización de la corrupción en el gobierno. La población esta furiosa, eso tambien impulsó el impeachment¨.

Ante la pregunta de si Dilma había cometido un Delito de responsabilidad o no, este respondió: ¨el impeachment no necesita del delito en el sentido penal de la palabra, basta con que el presidente no obedezca normas claras vinculadas al presupuesto. Es una discusión técnica, pero no deja de ser una falta de respeto a la Constitución¨. (Revista Perfil)

Nadie mejor para emitir un juicio sobre este tema que Fernando Henrique Cardoso, reconocido como un ¨gigante de la política brasileña contemporánea¨ ademas de ¨notable académico y pensador social, quien de manera diestra, contuvo la hiperinflación y la devaluación de la moneda brasileña, redujo el deficit fiscal y estabilizó la economía¨ (Leonel Fernández articulo Listín Diario).

Estamos en presencia entonces de una discusión sobre la pertinencia o no del juicio político a que fue sometida Dilma Roussef por parte del Congreso de su país, y un problema legal y técnico que, al margen de consideraciones personales, lo comprenden perfectamente los políticos que componen el Congreso de Brasil, electos por los mismos votantes que eligieron a la depuesta presidenta.

Porque aunque escuchamos la cantaleta de que 54 millones de personas votaron por Roussef para ejercer el Poder Ejecutivo, lo cierto es que mayor cantidad de personas votaron por los legisladores que la juzgaron, y negar esto sería dar la espalda al concepto de la separación de poderes en la democracia representativa, donde el parlamento es el primer poder del Estado.

La gran verdad es que Brasil en estos momentos está bajo la mayor recesión económica de toda su historia, los datos publicados la semana pasada hablan ya de una contracción del 5.6% del PIB con relación al mismo periodo del pasado año.

En solo dos años Brasil aumentó la cantidad de desempleados de 7 millones en el 2013 a cerca ya de 12 millones en el primer semestre de este año, ese país está pasando por un periodo de emergencia económica sin precedentes en su historia.

Todo esto es fruto de medidas económicas equivocadas en la época de la ¨plata dulce¨, cuando las materias primas se exportaban a precios exhorbitantes, y se aprovechó esta riqueza para repartirla en aumentos de sueldos, programas sociales y corrupción generalizada, sin plantearse sentar las bases para la industrialización de la economía mas grande de la región.

Ahora, cuando se demuestran los errores de la falta de inversión para la sostenibilidad del crecimiento económico, que los precios de las materias primas cayeron a causa de la crisis económica del 2008, con signos muy lentos de recuperación de la economía mundial, entonces salen a flote los escándalos de corrupción que alcanzan a toda la clase política brasileña, incluyendo al PT.

Se quiere ocultar o no se hace saber, que quien lleva la acusación contra Dilma al Congreso de Brasil, no es un político de la derecha o uno de los golpistas tradicionales del país, fue el abogado Helio Bicudo, quien es fundador del Partido de los Trabajadores, precisamente el mismo partido de Dilma.

Este viejo militante petista, tiene 94 años de edad, acusa a Roussef de ¨haber cometido una serie de actos en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien¨.

A todo este tema súmele el escándalo desatado alrededor de la ¨mano derecha¨ de Lula en sus años de presidente, José Dirceu, Jefe de la llamada Casa Civil, que es lo mismo que Jefe de Gabinete, quien esta preso por recibir dinero a través de sus empresas de consultorías de lo robado en Petrobras, cuando la misma Dilma era cabeza de su consejo de administración.

Y las acusaciones contra Lula Da Silva por lavado de dinero, su detención por orden del juez Sergio Moro, las acusaciones en torno a un apartamento en la playa y una finca, aparentemente sin justificación para su posesión, el intento de obstruir la justicia dandole estatus privilegiado para huir del juez Sergio Moro, y tendremos entonces un cuadro que nos acerca ya a la realidad de porque, a pesar de los tan sonados 54 millones de votos, no hay movilizaciones masivas en contra de lo que algunos denominan ¨golpe de estado¨.

Lo cierto es que la valoración del gobierno de Roussef en las encuestas estaba por los suelos; el 73% lo calificaban de malo a terrible, y la tasa de aprobación de Dilma andaba por el 9%, simplemente un desastre económico y político.

Michel Temer no debería ser la respuesta a la crisis, pero era el sucesor constitucional, por lo que la figura del golpe de estado no puede existir, porque se respetaron las normas de la Constitución de ese país, que define quien sustituye al presidente en caso de su ausencia por cualquier motivo.

El librito que hay que aplicar para conjurar la crisis es solo uno y la receta la pagaran los mas pobres de ese país; el gasto público habrá que recortarlo, cosa que ya esta haciendo el gobierno de Temer, simplemente porque este sobrepasa por mucho la capacidad del Estado.

Y devolviendo la estabilidad económica a la nación, tratar de volver al crecimiento económico con estabilidad, que al mismo tiempo atraiga capitales extranjeros para aumentar la inversión de la empresa privada.

Entonces, esta claro que para nada lo ocurrido en Brasil fue un golpe de estado, y mucho menos ¨canallada¨, simplemente la juzgaron por la violación a los artículos de la Constitución que penalizan el llamado Delito de Responsabilidad, y en este caso se aplica la máxima jurídica: ¨la ley es dura, pero es la ley¨.

 

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