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La visión del gobierno, establecida en la propuesta de ley, es permitir la eliminación del Ministerio de Economía, trasladando sus atribuciones y una parte de sus empleados a Hacienda.
El Senado de la República conocerá en la sesión de este jueves el informe favorable que aconseja aprobar la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) con el Ministerio de Hacienda.
Así lo comunicó el presidente en funciones de la comisión especial, senador Moisés Ayala, quien manifestó su esperanza de que los demás legisladores respalden la votación del documento legislativo.
El proyecto, depositado por el Poder Ejecutivo el pasado 16 de abril, no sufrió cambios “significativos” durante el proceso de revisión llevado a cabo por la comisión.
“Aplicamos técnicas legislativas en algunos temas. Son solo detalles de forma, (no de fondo)”, especificó Ayala, mientras reemplazaba al senador Pedro Catrain, quien se encuentra de licencia médica.
La Cámara Alta y la Cámara de Diputados deberán aprobarlo en dos lecturas para que el Gobierno pueda ejecutar este plan.
La visión del gobierno, plasmada en la propuesta de ley, es permitir la supresión del Ministerio de Economía transfiriendo sus competencias y parte de sus empleados a Hacienda.
Sin embargo, también entregará las funciones de ordenamiento territorial, operación internacional y gestión de asociaciones sin fines de lucro al Ministerio de la Presidencia.
Esto busca evitar “duplicidades y asegurar una administración más eficiente, a la vez de proteger los derechos e intereses del personal público y de las instituciones que se verán afectadas por la reorganización”.
Dentro de las competencias que recibirá el Ministerio de la Presidencia se encuentra la de ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y las que están contempladas en la Ley 368-22 Orgánica de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y Asentamientos Humanos.
Igualmente, formular y verificar la implementación de la política transversal de gestión del riesgo de desastres con perspectiva de ordenamiento territorial, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente.
Además, formular y dirigir las políticas de fomento de las Asociaciones sin fines de lucro, de acuerdo con lo establecido en la Ley 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro.
Otras responsabilidades son el establecimiento de las políticas de cooperación internacional no reembolsable, junto con la Cancillería; “definir, formular, implementar y evaluar las políticas, las normas y los procedimientos” para la negociación, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable y participar en los procesos de acuerdos, convenios y contratos, que representan la deuda pública del Estado.
¿Qué sucederá con los empleados?
El consultor jurídico del Gobierno, Antoliano Peralta, recordó, al entregar la pieza al Senado, las palabras del presidente Luis Abinader cuando anunció este plan en septiembre de 2024: “todos los funcionarios y empleados que sean necesarios para mantener los distintos programas dentro de las nuevas instituciones serán absorbidos”.
Sin embargo, los asalariados, que cumplan con los requisitos, serán pensionados y “los que no cumplan con ninguna de estas condiciones, bueno, pues tendrán que ser ubicados en el sector privado o en otra institución del Estado”.
El documento legislativo especifica que el “personal activo” del Ministerio de Economía será evaluado para determinar la conveniencia de su reubicación, el reconocimiento de derechos adquiridos y otras medidas aplicables, “teniendo en cuenta el perfil de competencias y la disponibilidad de cargos”.
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