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A 24 años de la Ley 87-01: Trayectoria y Desafíos Pendientes
Desde su creación en 2001, la Ley 87-01 cimentó las bases del Sistema Dominicano de Seguridad Social con la meta de garantizar derechos básicos en salud, pensiones y riesgos laborales. Si bien ha habido progresos significativos, como la expansión del acceso al seguro médico, hoy, después de más de dos décadas, aún encaramos una serie de desafíos que repercuten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.
Entre los logros más notables está la garantía de afiliación al sistema de salud sin discriminación por edad o condiciones previas. Esto representa un hito en inclusión social, permitiendo que personas con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes estén cubiertas por un seguro, algo que antes era inalcanzable.
Muchos tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos continúan excluidos del catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud (PDSS). Enfermedades de alto costo, salud mental, cuidados paliativos o tratamientos innovadores quedan frecuentemente fuera, obligando a los pacientes a asumir altos gastos de su propio bolsillo o a interrumpir sus tratamientos.
La atención primaria, que debería ser la puerta de entrada al sistema de salud, sigue sin desarrollarse adecuadamente. No existen suficientes centros de atención primaria bien equipados, ni un modelo claro de seguimiento preventivo. Esta falla incrementa la presión sobre los hospitales y provoca que se atiendan enfermedades cuando ya están avanzadas, con mayor coste y peores resultados para el paciente.
A pesar de estar afiliados a un seguro, los dominicanos siguen pagando una gran parte de sus necesidades médicas directamente. Consultas, medicamentos, análisis, copagos y servicios no cubiertos representan una carga significativa para las familias, sobre todo aquellas de bajos ingresos.
Existe un gran desconocimiento por parte de la población sobre sus derechos y deberes en el sistema. A menudo, el afiliado no sabe cómo reclamar o apelar decisiones injustas, ni cómo navegar las instituciones del sistema. Esta falta de información y transparencia deja al paciente desprotegido ante abusos o negligencias.
Aunque se han creado instituciones como la SISALRIL o la Superintendencia de Pensiones, su capacidad para hacer cumplir la ley y proteger al afiliado sigue siendo limitada. La percepción de impunidad ante violaciones al sistema está generalizada, lo que socava la confianza ciudadana.
La modificación de la Ley 87-01 ha sido tema de debate por años. Aunque es necesario actualizar ciertos artículos y mejorar la operatividad del sistema, preocupa la dirección que puedan tomar algunos cambios. Se proponen eliminar o debilitar derechos adquiridos, lo cual podría dejar al afiliado aún más expuesto. La ciudadanía debe estar atenta y participar activamente en este proceso legislativo.
La ley de seguridad social debe ser un escudo protector para el ciudadano, no una red burocrática que dificulte el acceso a servicios esenciales. A 24 años de su promulgación, estamos mejor que antes, sí. Pero no podemos conformarnos. Es tiempo de demandar un sistema más justo, más equitativo y verdaderamente enfocado en el paciente.
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