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Washington – Un juez federal ha ordenado al gobierno de Donald Trump que agilice el retorno de un ciudadano guatemalteco que fue expulsado a México recientemente, a pesar de que un tribunal en febrero le había concedido protección humanitaria, al estimar que su vida corría peligro fuera de Estados Unidos.
El hombre, que en la causa solo es identificado por las iniciales O.C.G., es uno de cuatro demandantes en una demanda colectiva que cuestiona su expulsión del país sin la posibilidad de impugnarla, bajo el argumento de que podrían correr el riesgo de sufrir persecución y tortura, o incluso morir, si regresaban a su país natal o eran deportados a un país alternativo.
El magistrado Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, emitió esta orden el viernes, tras concluir que el Gobierno cometió un error al expulsar a O.C.G., a pesar de que el hombre había manifestado que, debido a su condición de homosexual, su vida corría peligro tanto en Guatemala como en México, donde asegura haber sido violado.
En su fallo, el juez insta al gobierno a “tomar todas las medidas de manera inmediata, incluida la coordinación con los abogados de los demandantes, para facilitar el regreso de O.C.G. a Estados Unidos”.
En febrero, un tribunal de inmigración le había otorgado al hombre el llamado bloqueo de expulsión, al considerar probado que su deportación a Guatemala lo pondría en peligro, según se afirma en la denuncia.
El juez Brian Murphy es el mismo que el mes pasado emitió una orden para frenar la expulsión de ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur, edicto que supuestamente ha violado el Gobierno Trump, que permitió el despegue de un avión con estas ocho personas, las cuales, según aseguran, se encuentran bajo custodia federal en Yibuti.
No es la primera vez que un juez federal ordena a la Administración del neoyorquino traer de vuelta a un migrante deportado, ya que un tribunal conminó recientemente a facilitar el retorno del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado en marzo a su país a pesar de contar también con una orden previa que bloqueaba su expulsión, al considerar que su vida corría peligro si era retornado.
La administración reconoció que la expulsión de Ábrego García fue un “error administrativo”, pero ha argumentado que no puede asistir en su retorno porque se encuentra bajo custodia de otro gobierno.
Otro tribunal también ha determinado que la expulsión, igualmente a El Salvador, de un ciudadano venezolano, Daniel Lozano Camargo, infringió otra decisión judicial destinada a proteger a determinados migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad.
Para deportar al hombre venezolano, el Gobierno se basó en la misma norma que utilizó para expulsar a Ábrego García, la ley de Enemigos Extranjeros, no empleada desde la II Guerra Mundial, y que la Administración Trump pretende utilizar para llevar a cabo expulsiones sumarias, argumentando que pandillas como el Tren de Aragua, de la cual afirman que Lozano Camargo forma parte, están invadiendo Estados Unidos.
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