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Si la justicia tarda en llegar demasiado, pierde su eficacia y valor. Una decisión judicial que se produce muy tarde puede ser inútil para remediar el daño causado o defender los derechos que han sido violados. Este principio de justicia demorada, creado por la IA y asumido por las autoridades judiciales del país, es aplicable en la actualidad al secretario general de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), Jesús Núñez (el Cañero), quien estuvo sometido durante 25 años por una deuda de RD$38,000; y al ex Consejero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Arias Valera, con más de 9 años como imputado por prevaricación, cuyo caso aún está en etapa preliminar. “¡Me siento satisfecho!”, fue la expresión del sindicalista Núñez al salir ayer de la fiscalía con la noticia de que una orden de arresto que existía en su contra y que desconocía, fue anulada. Relató que hace 25 años, debido a una deuda de RD$38,000 que tenía con una persona a la cual no identificó, el entonces fiscal Lino Vásquez le incautó el vehículo que tenía del año 1994: “me encarceló por 11 días, luego allanó mi casa y después me metió preso por dos días más” porque no podía pagar la deuda. Agregó que propuso como solución que le devolvieran su carro para poder pagar, pero el fiscal no lo aceptó. Añadió que, como nunca le devolvieron su vehículo, él no pagó, y el tribunal lo declaró en rebeldía. “En 2015 se anuló esa rebeldía, pero luego fue reactivada por problemas que ocurren en la fiscalía, donde te citan sin que sepas que te están citando, y solo lo sabe el juez y el abogado contrario”, subrayó. Indicó que es de dominio público que viaja a Cuba para recibir tratamiento médico, y que para eso iba a Migración a solicitar permiso de salida, sin saber que se había reactivado la orden de rebeldía en su contra. “Pero hoy (ayer), gracias a Dios, salimos satisfechos porque esa orden fue levantada, y seguiremos luchando”, puntualizó el Cañero. El caso de Arias Valera es único. Se trata del exconsejero del Poder Judicial que, junto a la ex jueza Awilda Reyes Beltré, fueron sometidos a la justicia por la supuesta venta de sentencias. El caso data de 2021, durante la presidencia de Mariano Germán en la SCJ. En enero de 2021, la jueza Franchesca Potentitini, del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, declaró la extinción de la acción penal contra Awilda, y ordenó la continuación del juicio preliminar contra Arias Valera, quien estuvo bajo arresto domiciliario hasta marzo del mismo año. Actualmente está pendiente de fallo en la SCJ una “declinatoria por sospecha legítima”.
