Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Boston, Massachusetts.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció hoy la aprehensión de 1.461 inmigrantes indocumentados en Massachusetts durante el mes de mayo. La operación, llamada “Patriot”, se enfocó en combatir la “criminalidad organizada transnacional y las pandillas”, informaron las autoridades federales.
Todd Lyons, director interino de ICE, declaró en una conferencia de prensa en Boston que estas detenciones “reafirman nuestro compromiso de asegurar la seguridad pública y nacional de nuestras comunidades”. Por su parte, Patricia Hyde, directora interina de la Oficina de Campo de Operaciones de Cumplimiento y Deportación de Boston, especificó en un comunicado que la mayoría de los detenidos tenían “antecedentes penales significativos en Estados Unidos o en el extranjero”.
Hyde detalló que entre los arrestados se encuentran “asesinos, violadores, traficantes de drogas, abusadores sexuales de menores y miembros de violentas pandillas criminales transnacionales”, además de estar infringiendo las leyes de inmigración del país.
Las autoridades planean deportar a todos los arrestados. Se reveló que, de este grupo, 277 ya tenían una orden de deportación emitida con anterioridad por un juez de inmigración. Lyons enfatizó que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuarán “combatiendo a los delincuentes y a las organizaciones transnacionales que envenenan nuestras comunidades, explotan a nuestros niños y los convierten en víctimas”.
Este anuncio ocurre pocos días después de la detención de Marcelo Gomes, un estudiante de 18 años y residente en Massachusetts que, según su familia, emigró de Brasil a EE. UU. a los cinco años. La gobernadora del estado, Maura Healey, ha solicitado información sobre el paradero de Gomes.
En el ámbito migratorio, estas detenciones también se dan a conocer días después de que el Tribunal Supremo de EE. UU. revocara una orden temporal de una jueza federal que había cuestionado el “parole humanitario” otorgado por la Administración del presidente Joe Biden.
Agregar Comentario