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WASHINGTON – Donald J. Trump, el Presidente de Estados Unidos, está utilizando el amplio poder de su cargo para redefinir la criminalidad a su conveniencia.
En las últimas semanas, Trump ha concedido indultos o clemencia a más de dos docenas de personas que gozan del respaldo de su base de derecha o son favorecidas por personas de su círculo. La mayoría son aliados políticos, algunos son ex funcionarios acusados de abuso de poder, y casi todos fueron condenados por delitos de cuello blanco como fraude, evasión fiscal y violaciones de financiamiento de campañas — acusaciones similares a las que el propio Trump ha enfrentado.
Trump ha dicho que los indultos están justificados por las concesiones de última hora del Presidente Joseph R. Biden Jr. a condenados a muerte y los indultos que otorgó a su familia — que Trump calificó de “vergonzosos”.
Sin embargo, señalan los críticos, Trump no ha usado la facultad de indultar de la misma manera que Biden.
“Otorgar indultos o conmutar las penas de funcionarios públicos u otros delincuentes de cuello blanco condenados por fraude, evasión fiscal y otros abusos de confianza probablemente tenga el efecto de normalizar los delitos no violentos”, declaró Barbara L. McQuade, fiscal federal durante la Administración Obama. “Robar mediante fraude sigue siendo robar”, añadió. “Solo que así es como lo hacen los ricos”.
Trump no ocultó su intención de vengarse de quienes lo procesaron, a quienes ha descrito colectivamente como “escoria”.
Otro objetivo de Trump: reescribir la historia del asalto al Capitolio de EU para minimizar las acciones de sus seguidores. Ha llamado “rehenes” a algunos de los encarcelados.
Horas después de su toma de posesión, Trump otorgó un indulto general a unos mil 600 alborotadores, algunos de ellos violentos, que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Esto fue seguido por una purga de los fiscales de carrera que obtuvieron las condenas.
Pero las acciones recientes de Trump favorecen a los ricos y bien conectados, anulando condenas y reduciendo drásticamente las sentencias alegando afirmaciones sin fundamento de que las acciones penales fueron políticamente motivadas.
Justificó haber indultado a Scott Jenkins, ex alguacil de Virginia y aliado político condenado a 10 años de prisión por soborno, diciendo que Jenkins “pasó por un INFIERNO gracias a un Departamento de Justicia Corrupto y Usado como Arma” durante la Administración Biden. Jenkins fue condenado tras demostrarse que había aceptado 75 mil dólares en sobornos de varios empresarios a cambio de nombrarlos asistentes de alguacil adjuntos en su departamento.
Otros beneficiarios de la indulgencia de Trump incluyen a un confeso evasor de impuestos cuya madre recauda fondos para Trump; un ex congresista republicano condenado por delitos fiscales; un matrimonio de un programa de telerrealidad declarado culpable de defraudar a bancos por más de 30 millones de dólares para mantener su lujoso estilo de vida; y el cofundador de Death Row Records, quien cumplía una condena por conspiración para cometer asesinato y apoyó a Trump.
Estas acciones siguen un esfuerzo sistemático dentro del Departamento de Justicia por desmantelar las unidades que investigan la corrupción y el fraude públicos.
En febrero, los funcionarios del departamento cesaron un caso de soborno contra Eric Adams, el Alcalde demócrata de Nueva York, quien prometió no bloquear las redadas federales de inmigración en la Ciudad.
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