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Juzgan imprescindible incluir en las penalidades los castigos que estipulan los artículos 305, 306 y 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
La Junta Central Electoral (JCE) celebró este jueves una audiencia para recabar la opinión de las organizaciones políticas, encuestadoras y medios de comunicación sobre el proyecto de reglamento que establece el procedimiento de registro y la divulgación de encuestas en materia electoral.
Seis de los nueve partidos políticos presentes en la reunión expusieron, de forma individual, ante el pleno de la JCE su preocupación por el descontrol que se ha registrado en el país con la publicación de encuestas políticas y sondeos electorales fuera de los periodos electorales.
Por esta razón, los representantes de las entidades políticas coincidieron en la necesidad que existe en República Dominicana de permitir la difusión de estos mecanismos de medición solo a partir de la proclamación electoral, comenzando el primer domingo de julio del año previo a las elecciones.
La lista de quienes solicitaron a la JCE cumplir con esta cláusula la integran la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Partido Unidad Nacional (PUN).
Asimismo, los líderes de estas agrupaciones políticas solicitaron la adición al reglamento de un régimen sancionador con penalidades graduales y proporcionales que castigue la difusión de encuestas falsas, manipuladas o publicadas a destiempo, el uso de empresas no registradas ante la JCE, la omisión de los datos obligatorios en su publicación.
Consideran necesario incluir dentro de las penalidades los castigos que disponen los artículos 305, 306 y 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Al igual que también los castigos contenidos a partir del artículo 40 y de la Ley 33-18 de Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos.
“Que vayan desde amonestaciones públicas, multas, suspensión o exclusión del registro de encuestadoras”, indicaron reiteradamente los delegados políticos de los partidos antes mencionados.
Para la inhabilitación del permiso estiman esencial que esta decisión de la JCE sea sometida a la opinión de los partidos políticos.
El portavoz del Partido Demócrata Institucional (PDI), Leonardo Suero, le sugirió a la JCE tomar una medida cautelar administrativa en la cual le comunique a la empresa que viole esta disposición su suspensión hasta el siguiente proceso electoral.
“Para que evitemos que estén intentando acomodar la mente del dominicano, que este tipo de bombardeo subliminal lo que busca es que un candidato resulte primero”, dijo Suero. Sin embargo, el pleno del órgano electoral no informó sobre la aceptación de esta moción.
Su posición, según explicó, es una respuesta a las frecuentes mediciones que publican emisoras radiales y medios de comunicación, sin importar que sean desarrolladas fuera de la contienda electoral.
“No mencionaré emisoras, pero aquí todos la conocemos… viven haciendo encuestas de forma recurrente, involucrándose en activismo político. No piensen que esas emisoras hacen esas encuestas por dinero para mantener una tendencia política”, afirmó.
El artículo 216 de la Ley 20-23 solo prohíbe la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales en los ocho días anteriores al día de la votación.
“Se prohíbe el proselitismo 48 horas antes del proceso electoral. Entonces, ¿Cómo es posible que permitamos a las encuestas (realizar estos sondeos) dentro del proceso de votación? Debemos reglamentarlo so pena de que quien lo haga también tenga sanciones”, dijo Suero pidiendo también la prohibición de conocer los resultados de las encuestas “boca de urna” durante las votaciones.
“Que el resultado de las encuestas a boca de urna sea privado para los contratantes, so pena de sanción. Solo la JCE puede emitir resultados públicos el día de las elecciones, garantizando la integridad y certeza del proceso electoral”, afirmó Tania Báez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Por otra parte, las organizaciones políticas recomendaron al órgano electoral reforzar los requisitos que deben cumplir obligatoriamente las encuestadoras en República Dominicana.
Para esto, propusieron habilitar un apartado en la página web de la JCE en la que de manera actualizada se presenten los trabajos de encuestas realizadas, junto con la ficha técnica que detallará la descripción de la muestra, estratificación en caso de que aplique, temporalidad en el trabajo de campo, cuestionario completo de aplicación, datos del patrocinador e informe final con los resultados, margen de error y nivel de confianza, cobertura geográfica, fecha y método de levantamiento, entre otros.
Recomiendan crear una comisión técnica consultiva permanente integrada por los representantes de partidos políticos, universidades y expertos en encuestas con el objetivo de darle seguimiento a la aplicación del reglamento y proponer mejoras continuas.
Julián Burgos del Partido Humanista Dominicano (PHD) considera que la “restricción” colocada en el artículo 7 del reglamento elaborado por la JCE para evitar las encuestas en línea, telefónicas y digitales podrían dificultar la aplicación de técnicas actuales. Implicando, además, una afectación al principio constitucional de libertad empresarial, estipulado en el artículo 50 de la Carta Magna.
“Nuestra sugerencia es permitir el uso de metodología mixta, telefónica, en línea, digitales, entre otras, bajo criterio técnico estricto, auditable y debidamente documentado, sin comprometer el rigor metodológico ni la representatividad”, expresó Burgos.
De igual manera, solicitó a la JCE aclarar que la supervisión dictada en la propuesta de reglamento no implica la validación de los resultados, sino una verificación exclusiva de las condiciones técnicas y formales.
La Asociación de Empresas de Investigación de Mercado, con 16 empresas afiliadas en el territorio nacional, aprovechó su intervención para reafirmar su compromiso en contra de las informaciones falsas.
“Queremos combatir la desinformación, pero rechazamos la definición de las encuestas electorales como un instrumento de propaganda. Son instrumentos científicos para divulgar la opinión pública, no para dirigirla”, declaró Maijo Gutiérrez, representante del gremio.
No obstante, también compartieron sus observaciones, expresando que es preciso señalar “con claridad” que la regulación no se centra en la ejecución de las encuestas políticas, sino en su publicación y uso indebido.
“Que se haga una distinción entre lo que son las encuestas internas y las encuestas públicas divulgadas por medios, redes y particulares”.
Asimismo, manifestaron su disposición a formar parte de una comisión mixta para darle seguimiento constante al reglamento con la revisión de metodologías, validación de los estándares de calidad, actualización de la normativa, atender controversias técnicas con objetividad, fortalecer la confianza pública en los estudios profesionales, proteger el prestigio de la investigación seria frente a la manipulación de datos, implementar campañas informativas sobre las encuestas con rigor científico.
“Estaríamos dispuestos a realizar capacitaciones periódicas sobre la correcta lectura e interpretación de las encuestas dirigidas a candidatos, partidos, medios de comunicación y público en general, así como establecer protocolos para su divulgación”, destacó Gutiérrez.
Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Unión Demócrata Cristiana (PUDC) y el Partido Cívico Renovador (PCR) requirieron ante el órgano electoral extender el plazo del proceso de diálogo para seguir analizando la propuesta, lo que les permitirá compartir sus conclusiones.
El presidente de la JCE, Román Jaques Liranzo, extendió hasta el próximo 19 de junio a las 4:00 de la tarde el tiempo hábil que tendrá la secretaría general para recibir los documentos de los partidos políticos, medios de comunicación, encuestadoras y cualquier ciudadano interesado en compartir su opinión sobre el tema.
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