Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio dos victorias al gobierno de Donald Trump en casos que involucran al Departamento de Eficiencia Gubernamental (o DOGE), incluida la autorización para acceder a los sistemas del Seguro Social, que contienen datos personales de millones de personas.
Los magistrados también limitaron por separado las órdenes que buscaban transparencia en DOGE, el equipo que una vez fue liderado por el multimillonario Elon Musk.
La mayoría conservadora de la corte se alineó con el gobierno de Trump en las primeras apelaciones ante la Corte Suprema que involucran a DOGE. Los tres jueces liberales disintieron en ambos casos.
Las victorias de DOGE ocurren en medio de una ruptura entre el presidente y el hombre más rico del mundo, que comenzó poco después de la salida de Musk de la Casa Blanca e incluyó amenazas de cortar contratos gubernamentales y un llamado a un juicio político al presidente. El futuro del trabajo de DOGE no está claro sin Musk al mando, pero ambos hombres han dicho previamente que la agencia continuará con sus tareas.
En un caso, el máximo tribunal federal anuló una orden de una jueza de Maryland que había restringido el acceso del equipo a la Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés) debido a las leyes federales de privacidad.
“Concluimos que, dadas las circunstancias actuales, la SSA puede proceder a permitir que los miembros del equipo DOGE en la SSA accedan a los registros de la agencia en cuestión para que esos miembros puedan realizar su trabajo”, dijo la corte en una orden no firmada. Jueces conservadores de tribunales inferiores han afirmado que no hay evidencia en este momento de que DOGE haya manejado mal la información personal.
La agencia posee datos sensibles de casi todos en el país, incluidos registros escolares, detalles salariales e información médica.
La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que la decisión de la corte crea “graves riesgos de privacidad” para millones de estadounidenses al dar “acceso sin restricciones a los datos a DOGE, a pesar de no haber demostrado ninguna necesidad ni interés en cumplir con las salvaguardas de privacidad existentes, y todo antes de saber con certeza si la ley federal permite tal acceso”. La jueza Sonia Sotomayor se sumó a la opinión de Jackson, mientras que la jueza Elena Kagan dijo que ella también habría fallado en contra del gobierno federal.
El gobierno de Trump dice que DOGE necesita acceso para cumplir su misión de eliminar el despilfarro en el gobierno federal. Musk se había enfocado en el Seguro Social, considerándolo un presunto foco de fraude. El empresario lo ha descrito como una “estafa piramidal” e insistió en que reducir el despilfarro en el programa es una forma de disminuir significativamente el gasto gubernamental.
Pero la jueza federal de distrito Ellen Hollander en Maryland determinó que los planes de DOGE en el Seguro Social equivalían a una “expedición de pesca” basada en “poco más que sospechas” de fraude, y que permitir un acceso sin restricciones ponía en riesgo la información privada de los estadounidenses.
Su fallo sí permitió el acceso a datos anónimos para el personal que hubiera pasado por capacitación y verificaciones de antecedentes, o un acceso más amplio para aquellos que detallaran una necesidad específica.
El gobierno de Trump ha dicho que DOGE no puede trabajar eficazmente con esas restricciones.
El procurador general D. John Sauer también argumentó que la decisión es un ejemplo de jueces federales que exceden su autoridad e intentan microgestionar las agencias del poder ejecutivo.
Los demandantes dicen que es una orden limitada necesaria para resguardar la información personal.
Un tribunal de apelaciones previamente se negó a levantar inmediatamente el bloqueo al acceso de DOGE, aunque se dividió siguiendo líneas ideológicas.
La demanda fue presentada originalmente por un grupo de sindicatos y jubilados representados por el grupo Democracy Forward. Es una de más de dos docenas de demandas presentadas sobre el trabajo de DOGE, que ha realizado recortes en agencias federales y despidos a gran escala.
En la otra orden de DOGE emitida el viernes, los magistrados extendieron una pausa en las órdenes que requerirían que el equipo divulgue públicamente información sobre sus operaciones, como parte de una demanda presentada por un grupo de supervisión gubernamental.
Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) argumenta que DOGE es una agencia federal y debe estar sujeta a la Ley de Acceso a Información Pública.
Pero el gobierno de Trump dice que DOGE es sólo un cuerpo asesor presidencial destinado a la reducción de costos gubernamentales, lo que lo eximiría de solicitudes de documentos bajo la Ley de Acceso a Información Pública.
Los magistrados no decidieron ese asunto el viernes, pero la mayoría conservadora sostuvo que el juez de distrito de Estados Unidos Christopher Cooper falló de manera demasiado amplia al ordenar que los documentos se entregaran a CREW.
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Los periodistas de The Associated Press Mark Sherman y Chris Megerian contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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