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Anaya es un severo detractor del Ejecutivo de Bukele, centrado sobre todo en cuestiones legales. El abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya, fue arrestado este sábado por la Policía salvadoreña bajo acusación de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). “Hoy se ha llevado a cabo la captura de Salvador Enrique Anaya Barraza, por el delito de Lavado de Dinero y Activos. Será remitido a los tribunales competentes en los próximos días”, publicó brevemente la FGR en X. Conforme a publicaciones de medios salvadoreños, el arresto tuvo lugar en la residencia de Anaya, donde habrían llegado investigadores vestidos de civil, sin que la FGR o la Policía hayan dado detalles del caso. Los vídeos publicados por el medio Revista Elementos, muestran que también varios agentes uniformados y fiscales participaron en el operativo. Anaya es un fuerte crítico del Ejecutivo del presidente Bukele, enfocado primordialmente en temas legales y que en las últimas semanas ha denunciado desde redes sociales las que considera irregularidades en el proceso penal que enfrenta la abogada anticorrupción Ruth López, detenida el pasado 18 de mayo y procesada por enriquecimiento ilícito. “Cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el ámbito internacional: ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dice la última publicación de Anaya en X. Esto se refiere a un comunicado de la CIDH publicado el viernes, en el que el organismo, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación por las “detenciones recientes contra defensores de derechos humanos”. Hizo mención a las detenciones de la abogada y defensora de derechos humanos López, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y al portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala. Igualmente, subrayó la existencia de “órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios”, junto a Zavala. “Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su trabajo con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles”, expuso la CIDH. También señaló que “ante las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible objetivo de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH insta al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica”.
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