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El despido injustificado, una indemnización que el empleador debe abonar al trabajador desvinculado sin causa justificada, se ha tornado en uno de los temas más debatidos del sistema laboral dominicano.
Para la Asociación Dominicana de Ferreteros (Asodefe), este mecanismo de protección ha dejado de cumplir su objetivo y hoy día es una carga que restringe el crecimiento del empleo formal, la competitividad empresarial y la sostenibilidad del sistema laboral.
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“Hoy en día, muchas empresas evitan contratar más personal por el temor al pasivo laboral que genera el despido injustificado. A los tres o seis meses el empleado ya adquiere un derecho, y eso limita tanto a empleadores como a trabajadores”, afirmó Félix S. Sánchez, pasado presidente de la Asociación Dominicana de Ferreteros, al señalar que esta rigidez impide la expansión de sectores productivos y fomenta la informalidad.
“Nosotros cubrimos el 90 % del seguro de salud, que beneficia no solo al empleado, sino también a su familia. El de pensión es clave para que la gente no tenga que andar mendigando en su vejez”, enfatizó, al participar en el Encuentro Económico de HOY.
Uno de los puntos más críticos es el seguro de desempleo. Según Sánchez, aunque la Ley de Seguridad Social establece su implementación en 18 meses, han transcurrido más de 18 años sin que se cumpla. “El Consejo Nacional de Seguridad Social no ha funcionado como debería, porque está integrado por funcionarios que no tienen tiempo para preparar los informes y reglamentos necesarios”, denunció.
Sánchez propone una transición gradual, con un pacto a largo plazo que permita sustituir el despido injustificado por un seguro de desempleo, sin afectar los derechos adquiridos. “Digamos que para el 2035 se elimine totalmente, pero desde ya empecemos con una legislación que lo estructure. Que el trabajador cotice y si pierde su empleo, tenga ingresos por dos o tres meses hasta conseguir otro”, propuso.
Impacto en las mipymes
Sánchez también hizo hincapié en el efecto que el despido injustificado tiene sobre las microempresas, que representan el 90 % del tejido empresarial dominicano. “Una empresa con capital de 100 mil pesos, no puede asumir indemnizaciones acumuladas que superen esa cifra. Esto lleva a muchas a operar en la informalidad, lo cual genera menos derechos para los empleados”, señaló.
Estima que la carga laboral supera el 60 % de los costos operativos en muchos casos, lo que ahoga las finanzas de pequeños negocios e impide que prosperen o generen empleos de calidad.
Una visión política y social
El dirigente criticó que el tema se haya manejado con fines políticos, en lugar de una visión de desarrollo.
“Los políticos solo piensan en votos. Pero si seguimos así, aumentará aún más el desempleo. Antes la gente amaba trabajar, hoy trabaja para esperar que lo liquiden”, lamentó.
La solución, dijo, debe pasar por un pacto nacional entre empleadores, trabajadores y el Estado. “Hay que legislar con responsabilidad. El despido injustificado, en su momento, fue válido, pero ya no responde a las necesidades del siglo XXI. Necesitamos un sistema que proteja al trabajador, sin asfixiar al empleador”.
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