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Más de 60 ex directivos regionales, distritales, adjuntos y subdirectores del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) denunciaron la vulneración de sus derechos laborales adquiridos, tras ser removidos de sus cargos.
Los afectados aseguran que sus salarios fueron rebajados arbitrariamente y que aún no se aplican los incentivos establecidos por ley, como la compensación por evaluación de desempeño, la titulación académica y los años de servicio.
Detallan las acciones como un acto de “injusticia institucional” que lesiona la equidad, el reconocimiento al mérito y la trayectoria profesional dentro del sistema educativo nacional de los exfuncionarios, quienes pertenecen al Frente Magisterial José Francisco Peña Gómez y también son dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en sus respectivas demarcaciones.
“En más de 20 años de historia administrativa del Minerd, jamás se había rebajado salarialmente a directores regionales o distritales tras su salida del cargo. Esta es una práctica lesiva, discriminatoria y contraria a la legalidad”, expresa el documento depositado ante el Ministerio de Administración Pública (MAP) luego de ser notificado el ministro actual, Luis Miguel De Camps.
Según los denunciantes, la situación tuvo origen durante la gestión del ministro Ángel Hernández y se ha mantenido sin correcciones en la actual administración. Agregan que el 2 de abril de 2025 presentaron una solicitud formal de revisión y corrección ante el Minerd, por lo que aún esperan respuesta. Aseguran que, de persistir el silencio administrativo, llevarán su reclamo hasta el Tribunal Superior Administrativo e incluso al Tribunal Constitucional.
“Estamos agotando las vías institucionales y administrativas de forma pacífica. Sin embargo, no descartamos acudir a instancias judiciales si no se reconoce el derecho a mantener las condiciones salariales que por costumbre administrativa y equidad nos corresponden”, explica la carta.
Según los reclamantes, la solicitud de revisión presentada por los exdirectores se fundamenta en la Ley 107-13 sobre los “Derechos de las Personas en su Relación con la Administración Pública”, la cual ampara principios como la confianza legítima, la legalidad, el trato justo y la proporcionalidad.
Aducen que durante años el Minerd ha mantenido una práctica constante y pública de conservar el salario base e incentivos tras la remoción del personal directivo, lo cual se traduce en derechos adquiridos válidos bajo el ordenamiento jurídico del país.
En ese sentido, afirman que actualmente existen funcionarios con igual rango y responsabilidades que continúan percibiendo salarios hasta un 80% más altos, lo cual califican como un acto de discriminación administrativa y violación al principio de igualdad ante la ley.
Los ex directores regionales, distritales y subdirectores puntualizan las solicitudes por medio de un recurso administrativo, como la revisión y anulación de la medida que redujo salarios e incentivos; la restitución de los montos previamente percibidos, incluyendo los beneficios contemplados por ley; y el pago retroactivo de las diferencias salariales dejadas de percibir desde que la medida fue aplicada.
En ese aspecto, advierten que la situación no solo representa un atropello hacia la dignidad laboral, sino que también sienta un precedente peligroso para la estabilidad del servicio público, especialmente en el ámbito educativo.
“Esta es una lucha por la justicia, por el reconocimiento del trabajo honesto y comprometido que hemos desempeñado por años. No pedimos privilegios, exigimos lo que en derecho nos corresponde”, concluye el texto.
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