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La figura del Ministerio de Justicia fue parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde que se proclamó la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844.
El Senado de la República aprobó este jueves, en segunda discusión, un proyecto de ley orgánica que busca crear y agregar a la lista de instituciones gubernamentales el nuevo Ministerio de Justicia.
La pieza, presentada por los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, propone entregar a lo que sería una nueva entidad del Poder Ejecutivo las responsabilidades de la coordinación y dirección del Sistema Nacional de Derechos Humanos, junto con el Sistema Penitenciario y Correccional.
Este proyecto de ley pasa al estudio y conocimiento de la Cámara de Diputados, donde debe ser aprobado en dos discusiones, antes de ser promulgado por la consultoría jurídica de la Presidencia.
La figura del Ministerio de Justicia fue parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido, en ese momento identificado como Secretaría de Justicia, transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
Pero, para los congresistas autores del documento legislativo, “cada vez más se manifiesta la necesidad institucional” de definir las responsabilidades de persecución criminal que caracterizan al Ministerio Público, separándolo de tareas “meramente funcionales y administrativas”.
Por lo que, con esta propuesta, el Ministerio de Justicia podría encargarse de la gestión del sistema penitenciario nacional, el apoyo científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.
Así como también la prestación de ciertos servicios a la ciudadanía y asociaciones sin fines de lucro, funciones “todas que deberían corresponder más bien a un órgano creado para tales fines, dentro de la estructura de la Administración Pública Central”.
Esto dejaría en manos del titular de Justicia la gestión de las cárceles y centros correccionales situados en el territorio nacional, a través de una dirección general dependiente.
El Ministerio de Justicia sería añadido a la lista de órganos constitucionales, legales y procesales que integran el Poder Judicial del país. Dentro de los cuales se encuentran el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otras jurisdicciones.
Los senadores visualizaron la integración de cinco viceministros para garantizar el funcionamiento institucional. Estos son el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, de Representación Judicial y Extrajudicial, de Políticas Penitenciarias y Correccionales, al igual que de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía.
Por otro lado, establece que el titular de este ministerio tendría que cumplir con los siguientes requisitos: Ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser licenciado o doctor en derecho y demostrar un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias jurídicas.
“El ministro de Justicia no (podría) desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica”, indica el segundo párrafo del artículo 11.
Aunque el proyecto de ley es una fusión de dos redacciones diferentes realizadas por los representantes Cristóbal Castillo y Félix Bautista, la cámara alta decidió aceptar diversas modificaciones sugeridas por el senador Rogelio Genao, quien consideró necesario modificar algunos artículos, sin afectar la esencia del texto.
No obstante, el presidente de la comisión de Justicia, senador Antonio Taveras, solicitó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, enviar nuevamente la pieza legislativa a la mesa de trabajo para estudiar las variaciones propuestas.
Pero esta petición no fue aceptada, resultando la iniciativa con el voto favorable de los 22 senadores presentes, exceptuando a Taveras.
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