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Nueva York.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump entregó esta semana a las autoridades de deportación información personal – incluyendo el estatus migratorio – de millones de inscritos en el Medicaid, una acción que podría facilitar la localización de personas como parte de su extensa ofensiva contra la migración.
En un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por The Associated Press se muestra que las autoridades de Medicaid intentaron bloquear, sin éxito, la transferencia de datos, argumentando preocupaciones legales y éticas.
Sin embargo, dos altos asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron que el conjunto de datos fuera entregado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según se observa en los correos electrónicos. A los funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) se les dieron tan solo 54 minutos el martes para acatar la directriz.
El conjunto de datos incluye la información de personas que residen en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C., todos los cuales permiten que personas que no son ciudadanos estadounidenses se inscriban en programas del Medicaid que cubren sus gastos usando únicamente fondos aportados por los contribuyentes estatales. Los CMS transfirieron la información en un momento en que el gobierno de Trump intensificaba sus redadas migratorias en el sur de California.
Además de ayudar a las autoridades a localizar a los migrantes, señalaron expertos, el gobierno también podría usar la información para frustrar las esperanzas de aquellos que desean obtener la residencia legal, la residencia permanente o naturalizarse si alguna vez obtuvieron beneficios del Medicaid financiados por el gobierno federal.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó en un comunicado que le preocupa la forma en que los funcionarios de deportación podrían emplear los datos, especialmente mientras las autoridades federales realizan redadas migratorias con la ayuda de efectivos de la Guardia Nacional y la infantería de Marina en Los Ángeles.
” Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos”, se lee en el comunicado. “Esta posible transferencia de datos que nos ha dado a conocer la AP es sumamente preocupante y, de ser cierta, es potencialmente ilegal, en particular en vista de los numerosos titulares que destacan el posible uso federal indebido de información personal y las acciones federales para emplear la información personal de los estadounidenses”.
Algunos legisladores de California también expresaron alarma el viernes. La representante federal Laura Friedman, de afiliación demócrata, escribió en la red social X que “jamás deberíamos utilizar la necesidad de una persona de ir al médico en su contra. Esto sólo conllevará más caos y dolor en nuestras comunidades”.
Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), dijo que el compartir datos fue legal. Se negó a contestar preguntas sobre por qué se compartieron los datos con el DHS y cómo se usarían.
” Con respecto al reciente intercambio de datos entre los CMS y el DHS, el HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal – y en cumplimiento total con todas las leyes aplicables –, para garantizar que los beneficios del Medicaid estén reservados para individuos que tienen el derecho legal a recibirlos”, explicó Nixon.
Una funcionaria del DHS, la subsecretaria Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado que Trump “prometió proteger el Medicaid para los beneficiarios elegibles. Para cumplir esa promesa después de que Joe Biden inundó nuestro país con decenas de millones de migrantes ilegales, los CMS y el DHS están explorando una iniciativa para asegurar que los migrantes ilegales no obtengan beneficios del Medicaid destinados a estadounidenses que respetan la ley” .
La iniciativa parece ser parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump para darle al DHS más datos sobre los migrantes. En mayo, por ejemplo, un juez federal no impidió que el Servicio Interno de Impuestos compartiera datos fiscales de migrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que residen sin estatus legal en Estados Unidos.
Los CMS anunciaron a finales del mes pasado que estaban revisando a algunas personas inscritas en el Medicaid de ciertos estados con el fin de asegurar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de individuos con “estatus migratorio insatisfactorio”.
En una carta enviada a los funcionarios estatales del Medicaid, los CMS dijeron que la iniciativa formaba parte de la orden ejecutiva de Trump del 19 de febrero, titulada: “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”.
Dentro de esa revisión, California, Washington e Illinois compartieron detalles sobre no ciudadanos inscritos en el programa Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora del Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por la AP. El memorando fue redactado por varios funcionarios de los CMS bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes enteradas del proceso.
Los datos incluyen direcciones, nombres, números de seguro social y detalles de reclamaciones de los inscritos en esos estados, según el memorando y dos personas familiarizadas con lo que los estados enviaron a los CMS. Ambas personas hablaron a condición de permanecer anónimas porque no estaban autorizadas a compartir detalles sobre la entrega de datos.
Funcionarios de los CMS trataron de luchar contra la solicitud de entrega de datos del Departamento de Seguridad Nacional, alegando que hacerlo violaría distintas leyes federales, incluidas la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando de Vitolo.
” Varias autoridades jurídicas y regulatorias federales no permiten que los CMS compartan esta información con entidades fuera de los CMS”, escribió Vitolo, explicando además que la entrega de tales datos personales solo está permitida para la administración directa del programa Medicaid.
Entregar información sobre solicitantes o inscritos en el Medicaid a funcionarios del DHS violaría una “política de larga data”, escribió Vitolo, empleada de carrera, a Kim Brandt, administradora adjunta y directora de operaciones de los CMS que fue designada por Trump.
No fue posible contactar a Vitolo ni a Brandt para pedirles su opinión.
Los argumentos legales expuestos en el memorando no lograron persuadir a los funcionarios designados por Trump en el HHS, que supervisa el Medicaid.
El 10 de junio, cuatro días después de que se envió el memorando, funcionarios del HHS ordenaron la transferencia de “los datos al DHS para las 5:30 hora del Este de hoy”, según intercambios de correos electrónicos obtenidos por la AP.
Exfuncionarios del gobierno dijeron que la medida era inusual porque los CMS, que tienen acceso a datos de salud personales de casi la mitad del país, no suelen compartir información tan delicada con otros departamentos.
” El DHS no desempeña ningún papel en nada relacionado con el Medicaid”, observó Jeffrey Grant, un exempleado de carrera de los CMS.
Más allá de sus argumentos legales, Vitolo dijo que compartir la información con el DHS podría tener un efecto disuasorio en los estados, tal vez incitándolos a retener información. Los estados, añadió, necesitaban protegerse contra el “riesgo jurídico” que asumían al entregar a funcionarios federales datos que podrían compartirse con las autoridades de deportación.
Todos los estados están obligados legalmente a proporcionar servicios de emergencia del Medicaid a personas que no son estadounidenses, incluidas aquellas que están legalmente en el país pero que aún no han cumplido con un período de espera de cinco años para solicitar ingresar al Medicaid.
Siete estados, junto con el Distrito de Columbia, permiten que los migrantes que no residen legalmente en el país se inscriban – con beneficios completos – en el programa Medicaid de su estado. Los estados pusieron en marcha estos programas durante el gobierno de Biden y dijeron que no le facturarían al gobierno federal para que cubriera los costos de atención médica de esos migrantes.
El gobierno de Trump ha puesto en duda esa promesa.
Nixon, el portavoz del HHS, dijo que los programas de Medicaid para migrantes patrocinados por los estados “abrieron las compuertas para que los migrantes ilegales se aprovecharan del Medicaid, y obligaron a los estadounidenses que trabajan duro a pagar la factura”.
Todos esos estados — California, Nueva York, Washington, Oregon, Illinois, Minnesota y Colorado — tienen gobernadores demócratas. Debido a problemas presupuestarios de su estado, Newsom anunció este año que congelaría la inscripción en el programa; Illinois también cerrará en julio su programa para aproximadamente 30 mil personas que no son ciudadanos.
Los estados restantes — Nueva York, Oregon, Minnesota y Colorado — aún no han enviado los datos identificables a los CMS como parte de la revisión, según un funcionario de salud pública que ha revisado las solicitudes de esos organismos a los estados.
Funcionarios de salud de Illinois también indicaron que estaban “profundamente preocupados” por los hallazgos de la AP, los cuales revelaron que la información de los clientes del Medicaid de su estado fue compartida con agencias federales fuera de los CMS, dado que “tienen entendido que los datos están protegidos por la Ley de Privacidad de 1974 y otras regulaciones federales, que protegen los derechos de los estadounidenses sobre datos personales y de salud delicados”.
En un comunic
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