Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Nueva York.- La Corte Suprema neoyorquina resolvió este viernes mantener el bloqueo al retorno del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE) a la cárcel de Rikers Island, tras una demanda presentada por la Asamblea Municipal estatal.
La presidenta de la Asamblea Municipal, Adrienne Adams, afirmó que la decisión del tribunal contra la orden ejecutiva del alcalde, Eric Adams, que permite a ICE reabrir una oficina en Rikers, “significa otra victoria para salvaguardar la seguridad pública en la ciudad y los derechos constitucionales de los neoyorquinos ante los excesos extremos” del presidente Donald Trump.
El pasado abril, la Asamblea Municipal presentó una demanda contra Adams por haber autorizado que ICE reabriera una oficina en la cárcel municipal, donde operó durante 20 años hasta su salida en 2014.
El alcalde hizo el anuncio después de reunirse con Tom Homan, el zar de la frontera, tras lo cual delegó la responsabilidad en el vicealcalde Randy Mastro de emitir la orden ejecutiva, lo cual ha sido criticado y combatido en la corte por varios grupos a favor de los migrantes y de derechos civiles, así como por funcionarios electos.
” En los últimos meses, hemos sido testigos de cómo la administración Trump ha ignorado reiteradamente la Constitución, ha expulsado a residentes dentro de nuestro país sin el debido proceso y ha arrestado injustamente a funcionarios del gobierno local”, indicó la presidenta de la asamblea en un comunicado.
Resaltó que es la tercera vez que el tribunal emite una orden preliminar contra la orden ejecutiva del alcalde “por conspirar con Trump” en su política de deportaciones masivas.
Durante el tiempo en que ICE estuvo en Rikers, solicitaba que se mantuviera detenidos temporalmente a migrantes — a veces durante meses — después de sus fechas de liberación programadas, mientras investigaban su estatus migratorio, lo que llevó a muchos a procesos de deportación.
Mientras tanto, una coalición de organizaciones de derechos civiles y pro-migrantes y el defensor del pueblo, Jumaane Willaims, que se unieron a la demanda como amigos de la corte, también celebraron la decisión de la Corte Suprema.
La coalición argumentó ante el tribunal en su acción legal que la orden ejecutiva socava “peligrosamente” las leyes de la ciudad como amiga de los migrantes o “ciudad santuario” y facilita la cooperación entre las agencias municipales y las autoridades federales de migración.
Agregar Comentario