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Miguel Valerio, abogado de Antonio Espaillat y su hermana Maribel, afirmó este sábado que el caso por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, donde fallecieron más de 200 personas y resultaron heridas cientos, es “un caso de fianza”.
Al presentarse en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, antes de la audiencia de medida de coerción, el jurista señaló que a sus clientes se les acusa de un delito de imprudencia, lo que no justifica la prisión preventiva.
“Se trata de un delito que se les está imputando por imprudencia, en el cual se está trabajando, entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y la prisión preventiva o cualquier otra medida? No la hay, porque el proceso se va a conocer como quiera y hoy nosotros venimos con nuestro presupuesto y se va a tener una discusión que esperamos sea con altura, con respeto y con tranquilidad”, declaró Valerio.
El abogado solicitó que el proceso se maneje con serenidad:
“Hay que tomar esto con calma, como entiendo que la Procuraduría lo ha hecho. Ha mostrado calma, hizo una investigación, un informe. Las víctimas nos duelen a todos, es legítimo lo que ha sucedido, pero evidentemente, toca que haya un proceso, toca depurar responsabilidades y el señor Espaillat está consciente de ello”.
Arresto y cargos
Antonio y Maribel Espaillat fueron arrestados el jueves tras ser interrogados por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
La orden de arresto, emitida por la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, indica que ambos son investigados por homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.
El documento señala que los imputados “mostraron una gran irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para evitar una tragedia que cobrara vidas del público y empleados”.
También se les atribuye intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca, y que podrían servir como testigos en el proceso.
Los hermanos serán presentados ante un juez de atención permanente, quien determinará las medidas de coerción correspondientes.
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