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Santo Domingo.- El Ministerio Público estableció que la discoteca Jet Set operaba sin los permisos necesarios ni la supervisión técnica apropiada, a pesar de haber sido sometida a remodelaciones que alteraron su estructura original y comprometieron gravemente su seguridad.
De acuerdo con las pesquisas, “posteriormente, se removió una columna clave en la estructura, perjudicando notablemente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional ni permiso que avalara dicha modificación, lo que evidencia una conducta de gran riesgo”, indicaron las autoridades.
Los fiscales señalaron además que “los imputados modificaron de manera significativa la estructura de la discoteca sin ningún tipo de supervisión técnica. La discoteca, originariamente concebida como un cine, sufrió un cambio de uso que conllevó una adaptación estructural inadecuada”.
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El Ministerio Público solicitó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la tragedia ocurrida en Jet Set, donde 236 personas perdieron la vida y otras 180 resultaron heridas tras el colapso del techo del establecimiento.
Asimismo, el órgano acusador pidió que el caso sea declarado complejo, asegurando que cuenta con pruebas suficientes para respaldar el expediente acusatorio, el cual consta de 126 páginas.
La Fiscalía del Distrito Nacional fijó para las 2:00 de la tarde de este domingo la audiencia de conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los hermanos Espaillat.
Horas antes, a las 2:00 p.m. del sábado, el abogado defensor Miguel Valerio expresó que cuentan con los recursos suficientes para defender a sus representados y calificó el hecho como un caso de imprudencia. También informó que en la audiencia preliminar participarán alrededor de 68 abogados.
Valerio indicó que Antonio Espaillat se encuentra de buen ánimo, tranquilo y consciente de su situación legal, mientras que Maribel Espaillat permanece bajo atención médica en custodia de la Procuraduría General de la República.
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