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MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su inquietud por una reforma legal en Puebla, México, que penaliza con hasta tres años de prisión el “ciberasedio”, lo cual podría resultar en censura disimulada y castigar críticas que resulten molestas.
Alertó que se restringiría severamente la libertad de expresión en entornos digitales con la reforma al Código Penal de Puebla, el quinto estado más poblado de México con más de 6.5 millones de habitantes.
La disposición, ya en vigor, establece el delito de “ciberasedio” para quien, por medio del uso de tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital “insulte, difame, ofenda, aflija o humille a otra persona con la persistencia necesaria para causarle un perjuicio”.
Asimismo, faculta a empresas y plataformas a eliminar contenidos tras una simple petición, sin intervención judicial ni revisión independiente.
“Esto abrirá una vía rápida para censurar crítica legítima, testimonios inconvenientes o investigaciones periodísticas”, según críticos de la reforma citados por la SIP.
“Lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir. Esta iniciativa puede eliminar del espacio público información incómoda, perjudicando la memoria colectiva y la rendición de cuentas”, indicó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Ante la polémica, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de Morena, se comprometió a realizar foros para revisar la medida, pero la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa, del mismo partido, advirtió a los medios que no revocará la reforma.
La iniciativa genera preocupación en México, que en 2024 fue el país de Latinoamérica donde asesinaron más periodistas (5) y desde hace años es una de las 10 naciones más peligrosas para el sector, según el último informe del Comité de Protección para Periodistas (CPJ).
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), resaltó que la nueva ley corre el “riesgo de institucionalizar la censura por encargo, sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible”.
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