Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
FRANKFORT, Kentucky, EE. UU. (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump solicitó a un juez federal que anule una regulación de Kentucky que, según ellos, concede ilegalmente a los inmigrantes sin la documentación para residir legalmente en el país acceso a la matrícula universitaria estatal.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia afirma que la regulación infringe la ley federal de inmigración al permitir que los estudiantes indocumentados califiquen para la tarifa de matrícula más baja en las universidades públicas de Kentucky, mientras que los ciudadanos estadounidenses de otros estados pagan una matrícula más alta para asistir a las mismas escuelas.
“La ley federal prohíbe a los extranjeros que no están legalmente presentes en Estados Unidos obtener beneficios de matrícula estatal que se niegan a los ciudadanos estadounidenses de otros estados. No hay excepciones”, dice la demanda.
La demanda, presentada el martes ante un tribunal federal de Kentucky, se produce tras una acción similar del gobierno de Trump en otro estado conservador como parte de sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra la inmigración.
Un juez federal bloqueó una ley de Texas que había otorgado a los estudiantes universitarios sin residencia legal acceso a una matrícula estatal reducida. Esa orden solo se aplicó a Texas, pero se consideró una oportunidad para que los conservadores impugnaran leyes similares en más de una veintena de estados. Este tipo de leyes estaban destinadas a ayudar a los “dreamers”, o jóvenes adultos sin estatus legal que llegaron de niños al país, a ser elegibles para la matrícula estatal si cumplen con ciertos criterios de residencia.
“El Departamento de Justicia acaba de ganar en este mismo tema en Texas, y esperamos luchar en Kentucky para proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses”, dijo la secretaria de Justicia Pam Bondi en un comunicado.
Las demandas en ambos estados siguen a recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump diseñadas para detener cualquier ley o regulación estatal o local que el gobierno considere discriminatoria contra los residentes legales.
La demanda de Texas enumeró a la entidad como el demandado, pero no nombró al gobernador republicano del estado como demandado. La demanda en Kentucky nombra al gobernador demócrata Andy Beshear como uno de los demandados.
La regulación de Kentucky en cuestión parece haber sido emitida por el Consejo de Educación Superior (CPE, por sus siglas en inglés) del estado antes de 2010, dijo la oficina de Beshear el miércoles en un comunicado que intentó separar al gobernador de la disputa jurídica.
Beshear, quien fue elegido gobernador por primera vez en 2019 y ahora está en su segundo y último periodo debido a los límites de mandato, es ampliamente visto como un posible candidato presidencial en 2028.
La portavoz de Beshear, Crystal Staley, dijo que el gobernador no tiene autoridad para alterar las regulaciones del consejo de educación y no debería ser parte de la demanda.
“Según la ley de Kentucky, el CPE es independiente, tiene la autoridad exclusiva para determinar los requisitos de residencia estudiantil para los propósitos de la matrícula estatal y controla sus propias regulaciones”, dijo Staley en el comunicado.
Previamente, Beshear ha dicho que el lenguaje antiinmigrante de Trump es peligroso y deshumanizante y ha pedido un enfoque equilibrado sobre la inmigración: uno que proteja las fronteras de la nación pero reconozca el papel que juega la inmigración legal en satisfacer las necesidades de empleo empresarial. Beshear ha dicho que cree que los “dreamers” deberían poder obtener la ciudadanía estadounidense completa.
Una portavoz del CPE, otro demandado en el caso de Kentucky, dijo el miércoles que su asesor legal estaba revisando la demanda y la regulación, pero no tenía comentarios adicionales.
El procurador general republicano de Kentucky, Russell Coleman, dijo que tiene “serias preocupaciones” de que la política del CPE viole la ley federal y dijo que su oficina apoya los esfuerzos del gobierno de Trump.
Un puñado de legisladores republicanos en Kentucky intentaron abordar el tema durante la sesión legislativa de este año, pero su proyecto de ley no avanzó en el Congreso con mayoría republicana. La medida habría impedido que los inmigrantes que viven en el estado de manera ilegal pudieran reclamar residencia en Kentucky con el fin de pagar la matrícula estatal en una universidad o colegio estatal.
La demanda del Departamento de Justicia dice que la regulación está en “conflicto directo” con la ley federal al permitir que un estudiante que carece de documentación para residir legalmente califique para una matrícula estatal reducida basada en la residencia dentro del estado de Bluegrass, mientras se niega ese beneficio a los ciudadanos estadounidenses que no cumplen con los requisitos de residencia de Kentucky.
Los estudiantes de otros estados generalmente pagan tarifas de matrícula más altas que los estudiantes del estado para asistir a las universidades públicas de Kentucky, dice la demanda. Existen excepciones cuando un acuerdo de reciprocidad con otro estado permite tarifas de matrícula reducidas para estudiantes calificados de ese otro estado, dijo.
La regulación reconoce a los inmigrantes indocumentados que se graduaron de escuelas secundarias de Kentucky como residentes de Kentucky en conflicto con la ley federal, dice la demanda.
“Está en conflicto directo con la prohibición de la ley federal de inmigración de proporcionar beneficios de educación postsecundaria, como tarifas de matrícula más bajas, basados en la residencia a extranjeros que no están legalmente presentes en Estados Unidos y que no están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses independientemente de la residencia”, dice la demanda.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Agregar Comentario