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Aunque no especificó si saldrá mañana o después, expresó que Antonio Espaillat está conforme con la decisión tomada.
Según declaraciones del abogado defensor de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, mañana iniciarán los trámites legales pertinentes para que les otorguen su libertad, luego de que el tribunal les impusiera una garantía de 50 millones de pesos, como medida de coerción.
Estos están acusados de homicidio involuntario, por el derrumbe del techo del club nocturno Jet Set, que cobró la vida de 236 personas.
“Hoy la oficina de la procuradora fiscal está cerrada para trámites administrativos, lo cual entiendo que ese trámite se completará mañana, si Dios quiere”, explicó.
Argumentó que la jueza Fátima Veloz no encontró riesgo de fuga u obstaculización en la investigación, para determinar si era necesaria o no la prisión preventiva, mientras se agotaba la fase de investigación.
La medida fue impuesta ayer por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional tras 12 horas de litigación y una garantía económica de RD$50 millones como medida de coerción, además de impedimento de salida y presentación periódica en el tribunal.
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El jurista agregó que conversó con Antonio Espaillat, quien está de acuerdo con la decisión tomada, porque responde a los presupuestos planteados y que está “deseoso de poder incorporarse a sus empresas”, así como de estar al frente de sus ocupaciones y responsabilidades familiares.
En cuanto a la compensación económica para las familias de los afectados, lo calificó como un acuerdo para conciliar esta etapa que afecta a todos los implicados.
“Es una tragedia que impacta no solo en términos físicos, sino psicológicos, mentales y laborales, muchos elementos, y eso hay que trabajarlo por etapas. Esos acuerdos permiten conciliar una etapa. Luego hay que pasar a la parte personal individual para ir sanando, tú entiendes, ir recuperando los efectos de lo que significa esta tragedia”, expresó.
Sobre la decisión del Ministerio Público de apelar a la coerción impuesta, respondió que es un derecho conferido a la institución y debe hacer uso de ese recurso.
“Ese es un derecho que la propia resolución ha establecido y que las leyes le confieren a esa institución para, si lo considera apropiado, proceder a presentar ese recurso”, sostuvo.
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