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Cristina Vallejo sucederá a Jesús M. Sánchez al frente del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), tras imponerse en las elecciones de este jueves, 19 de junio, con 3.446 votos, casi un 16 por ciento de la participación -del total de 24.100 colegiados-, ocho puntos menos que en la anterior cita. Unos comicios en los que ha resultado elegida toda su candidatura, con lo que el puesto de vicedecano lo ocupará Jorge Navarro, que ha conseguido 3.480 votos; el secretario será Carles García Roqueta, con 3.392 votos, y los 13 diputados de la junta de gobierno del ICAB también serán de la lista de Vallejo, entre los que se encuentran Cristina Capuz -la más votada-, y Ramón Casanova. Durante la presentación de su candidatura, el pasado abril, Vallejo detalló que entre sus primeras reivindicaciones al frente del ICAB estará la de volver a tratar con el Departamento de Justicia la remuneración del sobrecargado turno de oficio. Y es que aunque en noviembre la Generalitat acordó mejorar las condiciones de los que ejercen asesoramiento gratuito con una dotación de 8 millones de euros, la petición del ICAB fue de 23. “A [Ramon] Espadaler ya le hemos hecho saber que, en caso de resultar elegidos, abordaremos esta cuestión”, apuntó entonces durante una rueda de prensa en El Palauet de Paseo de Gracia.
Otra de las prioridades de la nueva decana de los abogados de Barcelona es afrontar la inseguridad jurídica en Cataluña en materia de vivienda. También poner el foco en la deontología, “un aspecto mejorable”, en palabras de quien ahora ejercerá como vicedecano el ICAB, Jorge Navarro. Entre sus propuestas, también impulsar el uso del catalán en la Administración de Justicia.
Preguntado sobre cómo abordar el fenómeno de la multirreincidencia -reiteración delictiva en hurtos y robos-, Navarro consideró que la propuesta del fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañeres, de recuperar los 30 días de arresto domiciliario -vigente en el Código Penal de 1995- podría ser una opción viable. “El sistema actual es pernicioso. Hay que esperar al juicio, a una sentencia condenatoria y una pena de multa que no se paga. Además, la persona suele estar ilocalizable. Supone un coste enorme para la Administración de Justicia y no tiene sentido”.
Por ese motivo, indicó que tanto penas cortas de arresto domiciliario como una pulsera telemática son mejores opciones que un ingreso en prisión de “una semana o diez días”. Gasto que también asumirían las administraciones.
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