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Aplazan coerción contra imputados en operación Begonias

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De acuerdo con la acusación, los imputados reclutaban mujeres en Colombia con falsas propuestas de empleo como camareras o bartenders.

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La jueza Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, postergó para este miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra ocho personas acusadas de pertenecer a una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual, desarticulada el pasado fin de semana mediante la Operación Begonias.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias “Johan el Gordo”), Johanse Díaz Lemonier (“Johan”), Wilson Pérez Duque (“el Menor”), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (“el Gordo”), así como las colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (alias “Nana”, “Naye” o “la Colombiana”), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (“Cristal”).

De acuerdo con la acusación, los imputados reclutaban mujeres en Colombia con falsas propuestas de empleo como camareras o bartenders. Una vez en República Dominicana, las víctimas eran despojadas de sus documentos, amenazadas con represalias contra sus familias y obligadas a ejercer la prostitución para saldar una supuesta deuda de entre 3,500 y 4,000 dólares.

La Operación Begonias, desplegada el pasado sábado, incluyó múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo y permitió el rescate de más de 40 mujeres. En el operativo participaron más de 85 agentes de la Policía Nacional, 10 fiscales, técnicos de investigación y personal especializado en atención a víctimas.

Durante las intervenciones, se incautaron dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, sustancias narcóticas, cuadernos de anotaciones y varios inmuebles utilizados como centros de operación de la red.

La investigación fue liderada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de Santo Domingo Este y el apoyo de la ONG Anti Trafficking Bureau (ATB).

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