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“Nos asignan escasamente 796 pesos por habitante, pese a que la población se acerca a los 600 mil habitantes y la carga de trabajo supera nuestras posibilidades. Es una injusticia”, declaró Aristy.
La alcaldesa señaló que desde el municipio cabecera parten diariamente más de 2,000 autobuses con empleados hacia la zona hotelera de Bávaro-Punta Cana, cuyos trabajadores aún residen, consumen y emplean los servicios públicos en Higüey.
Aristy solicitó que el Estado reconozca esa situación mediante una modificación legal que asegure una distribución justa y constante de los fondos.
Rememoró que en 2012, el Tribunal Constitucional falló a favor del Ayuntamiento de Higüey para percibir la totalidad de los recursos generados en Verón, pero que, por decisión política, se acordó una división 50/50.
La funcionaria expresó su confianza en que el presidente Luis Abinader atienda las inquietudes de Higüey y reciba a una comisión representativa de la provincia para abordar el tema.
Reiteró su apoyo a la municipalización de Verón, pero insistió en que el Estado no puede consentir que Higüey — el corazón humano del turismo nacional — quede financieramente asfixiado.
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