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Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos falló que los jueces federales no tienen la potestad de bloquear órdenes judiciales a nivel nacional, pero abrió la puerta a que el acceso a la ciudadanía por nacimiento pueda seguir en suspenso en todo el país. El presidente, Donald Trump, celebró la decisión como un gran triunfo.
La resolución permite la posible aplicación parcial de la orden ejecutiva de Trump, que busca negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas indocumentadas, lo cual, según expertos legales, podría afectar los derechos constitucionales de miles de niños.
Sin embargo, la Corte Suprema optó por mantener suspendida la medida durante 30 días, plazo en el cual tribunales inferiores podrán revisar el alcance de sus prohibiciones y los demandantes podrán presentar nuevas demandas.
Trump y sus seguidores argumentan que se deberían imponer requisitos más estrictos para obtener la ciudadanía estadounidense, algo que él considera un regalo de gran valor y que profundizó con la orden ejecutiva que firmó al inicio de su mandato. Además, sostienen que los hijos de no ciudadanos no están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, una frase clave en la enmienda, y por ende, no tienen derecho a la ciudadanía.
En su plataforma Truth Social, Trump declaró: ¡Gran victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, muy afectado.
Ante los medios, el mandatario afirmó que gracias a esta decisión, ahora podemos acudir a la justicia para impulsar estas múltiples medidas y aquellas que fueron prohibidas injustamente a nivel nacional. (…) Tenemos muchas.
Por otro lado, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, escribió en X que la decisión es un paso sin precedentes y aterrador hacia el autoritarismo, un grave riesgo para nuestra democracia y una acción predecible de esta corte extremista.
En la resolución, aprobada con seis votos a favor y tres en contra, la jueza y autora del fallo, Amy Coney Barrett, designada por Trump, sostuvo que los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, sino que resuelven casos y disputas basándose en la autoridad que el Congreso les ha otorgado.
En el fallo, al cual se sumaron los otros cinco jueces conservadores de la corte, la magistrada agregó que cuando un tribunal determina que el poder ejecutivo actuó de forma ilegal, la solución no es que el tribunal también se extralimite en sus funciones.
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