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El Ministerio Público finalizó la presentación resumida ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de los hechos y la calificación jurídica de la acusación formal contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, Gonzalo Castillo Terrero, José Ramón Peralta y otros imputados, exfuncionarios, acusados de defraudar al Estado con más de 19 mil millones de pesos.
En la próxima audiencia, programada para el viernes 4 de julio a las 2:00 de la tarde, el órgano judicial comenzará la reproducción de las pruebas que respaldan el proceso.
En esta fase procesal participaron los fiscales Miguel Collado, Harolin Lemos, Elvira Rodríguez, Rosalba García, Rosa Ysabel Mejía, Jhensy Víctor y Melvin Romero, en representación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
La acusación formal establece que los acusados conformaban una red criminal que desvió del Estado más de RD$19,000 millones, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos.
Además de Guerrero, Castillo y Peralta, en el expediente figuran como acusados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
Durante el proceso, la defensa de Gonzalo Castillo ha planteado que la acusación fue presentada fuera del plazo establecido, y que, por consiguiente, debe ser declarada inadmisible.
La abogada Laura Acosta, quien junto con Luis Rivas asume la defensa de Castillo, argumentó que la acusación no fue depositada el 25 de abril de 2024 ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, sino que se efectuó fuera del plazo legal.
Acosta señaló que el tribunal recibió la acusación el 6 de mayo, día en que ella se presentó con un notario para ser notificada de la misma, lo que a su juicio, confirma que el depósito se hizo fuera de tiempo.
La abogada refutó la alegación del Ministerio Público de haber depositado “un montón de cajas con papeles”, y presentó una certificación del tribunal que indica claramente que no se depositó ningún documento físico, sino que todo el proceso se realizó de forma digital.
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