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Un Estado imbuido de modernidad se sostiene en el respeto absoluto a su Constitución y en la obediencia y rigurosa aplicación de las leyes complementarias, sin lo cual no sería posible mantener la gobernabilidad ni encaminar al país por senderos de justicia, equidad, crecimiento y desarrollo.
Paralelamente a infraestructuras como metro, monorrieles, teleféricos, autovías, carreteras, puentes, avenidas, presas y canales de riego, se requiere impulsar oleadas de modernidad en la superestructura jurídico-política que permitan a los ciudadanos acceder a la innovación institucional.
La sociedad dominicana, aún aquejada por el atraso y con marcados signos de prolongada flagelación en su anatomía social infligida por la tiranía, pudo dar un paso significativo de avance en 1962 con la celebración de elecciones libres y la redacción de una Constitución política de las más avanzadas de su tiempo.
Bajo la premisa de que las condiciones materiales de existencia en un conglomerado social marcan el destino de sus instituciones, se entienden las razones por las cuales el gobierno de Juan Bosch y su Carta Magna Liberal no lograron sobrevivir.
Al presidente Joaquín Balaguer se le reconoce el impulso y aprobación del Código Agrario que alivió en algo la tragedia que significó la posesión de la mayor parte de tierras productivas en pocas manos, al calor de la cual emergieron los parceleros de la Reforma Agraria.
El retorno a la democracia formal en 1978 trajo consigo leyes de gran impacto como la que dispuso la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, aunque en términos formales, se mantuvo la estructura de dominación política y social de sectores vinculados con la tiranía.
Las oleadas de modernización institucional más trascendentes se produjeron a partir de 1994, con las reformas al Poder Judicial y al Ministerio Público, así como la puesta en vigencia de un nuevo Código Procesal Penal, la creación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con lo cual se abrieron caminos hacia la innovación.
La Reforma Constitucional de 2010 consolidó estructuralmente a la democracia dominicana, con la creación del Tribunal Constitucional, a lo que se suman el Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El presidente Luis Abinader se inscribió entre los estadistas que dejan su huella en las oleadas de consolidación democrática, con su reforma constitucional que blindó el principio de no reelección presidencial consecutiva y la independencia del Ministerio Público.
Más de 60 años después del ajusticiamiento de Trujillo, la sociedad espera que el Congreso apruebe los nuevos códigos Penal, Procesal Penal y Laboral, que ojalá sea antes de que concluya esta legislatura, si no es mucho pedir.
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