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Hubo un tiempo, no tan distante, donde los aspirantes al Congreso y a los ayuntamientos eran elegidos por la cúpula de los partidos y sus líderes.

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Hubo un tiempo, no tan distante, donde los aspirantes al Congreso y a los ayuntamientos eran elegidos por la cúpula de los partidos y sus líderes. Se entendía que el sistema era obsoleto y antidemocrático, que quebrantaba principios constitucionales. Es cierto, la forma de elegir a los diputados, senadores y regidores, con sus suplentes, no era la mejor, se infringían derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que se hizo necesario cambiar, quitarle la discrecionalidad a los líderes de los partidos mayoritarios: PRSC, PRD y PLD, es decir, Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, quienes tenían la última palabra. Alrededor de esos dirigentes “máximos” se formaron grupos o mafias políticas que imponían candidatos, transgrediendo la decisión de los verdaderos líderes. Hay muchas historias de personas que eran colocadas encabezando una designación o decisión partidaria, y luego eran removidas y reemplazadas. Se generó un desorden con “las listas” que se enviaban a la Junta Central Electoral para su inscripción en la boleta electoral.

No ocurría lo mismo con los alcaldes, quienes participaban en una convención más o menos democrática y plural, aunque el fantasma del fraude siempre se hacía presente, con mayor o menor intensidad, por el factor dinero.

La Constitución establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a elegir y ser elegibles, (no necesariamente elegidos) dentro de un proceso democrático.

Se realizaron cambios significativos, no solo en la Constitución, sino también en el sistema de justicia, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, se creó el Tribunal Constitucional, el Consejo Judicial sufrió importantes modificaciones; se conformó, con rango constitucional el Consejo Económico y Social, etc.

Todos estos cambios y modificaciones se produjeron supuestamente para hacer más sólido, amplio y democrático, con la finalidad de crear un verdadero “Estado Democrático y de Derecho”.

Sin embargo, no hubo cambios sustanciales, radicales, ni nada que se le pareciera. Fue un “gatopardismo”. Cambiar para que todo siguiera igual, como en efecto; porque en la práctica, en muchos aspectos no hubo avances, al contrario, retrocedimos. En la realidad, la “lista” era mejor que la elección a través del voto popular” que permite que ciertos sectores compren la voluntad popular con dinero ilícito.

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