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California. Una familia hondureña presentó una demanda contra la Administración de Donald Trump tras ser detenida en los tribunales migratorios de Los Ángeles, en un caso que podría marcar un antes y un después en la detención de menores migrantes en sedes judiciales. El recurso legal, al cual tuvo acceso EL PAÍS, pone en tela de juicio directamente una nueva política impulsada por el actual Gobierno federal que promueve las detenciones en cortes migratorias, incluyendo niños.
La familia está compuesta por N.M.Z., un niño de 6 años diagnosticado con leucemia; su hermana D.M.Z., de 9 años; y su madre, identificada como la señora Z. Los tres llegaron a Estados Unidos en octubre de 2024, huyendo de amenazas de muerte en Honduras. Su ingreso fue autorizado a través de una cita gestionada por la aplicación CBP One, creada en la administración Biden y eliminada por Trump en enero, junto con los permisos temporales de residencia y trabajo que había otorgado dicho programa.
Tras establecerse en Los Ángeles, la familia comenzó a integrarse en la comunidad. Los niños se inscribieron en una escuela pública, hicieron amistades y participaron en actividades recreativas y religiosas. Sin embargo, el 29 de mayo, durante la audiencia programada para evaluar su solicitud de asilo, el juez desestimó el caso a petición del Departamento de Seguridad Nacional. Al salir de la sala, agentes de ICE vestidos de civil los arrestaron y trasladaron a un centro de detención en Texas, donde permanecen hasta la fecha.
Los abogados del Texas Civil Right Project (TCRP), quienes representan a la familia, interpusieron una petición de habeas corpus y una medida cautelar de urgencia, argumentando que la detención fue arbitraria, ilegal y moralmente inaceptable. En la demanda se enumeran nueve presuntas violaciones constitucionales, entre ellas la vulneración del debido proceso, por arrestarlos sin riesgo de fuga ni audiencia previa, y la violación de la Cuarta Enmienda por carecer de causa probable.
“N.M.Z. perdió una cita médica el 5 de junio por estar detenido, lo que pone en riesgo su tratamiento contra la leucemia. Ahora presenta hematomas, dolores óseos y palidez, signos de una posible recaída”, denuncian los abogados. El texto también alerta sobre el historial de deficiencias en la atención sanitaria infantil del centro de detención de Dilley, donde se encuentran recluidos.
Daniel Hatoum, abogado supervisor del TCRP, explicó que este caso constituye el primero en su tipo contra arrestos de menores en tribunales de inmigración, y confía en que siente un precedente en las políticas de detención. “Esta familia es especialmente vulnerable. Confiamos en que el proceso sirva para frenar estos arrestos judiciales, que consideramos inhumanos y contrarios a la ley”, aseguró. Hatoum añadió que el juez federal ha solicitado al Gobierno responder a la demanda la próxima semana.
El letrado enfatizó que la detención de inmigrantes civiles es costosa e ineficaz, pues implica un gasto público elevado para mantener a familias enteras tras las rejas en lugar de permitirles seguir su proceso en libertad. “Estamos financiando con impuestos una crueldad innecesaria que arranca a personas honradas de sus comunidades”, criticó.
Por su parte, la abogada Elora Mukherjee, profesora de la Facultad de Derecho de Columbia y también representante de la familia, calificó de “inadmisible” la política de arrestar niños en cortes migratorias. “Estos menores cumplen con las normas migratorias vigentes y hoy sufren innecesariamente en detención”, señaló. Mukherjee recordó que, pese a un dictamen judicial que declaró ilegal esta práctica, el ICE ha continuado con los arrestos en juzgados, afectando a cientos de personas en las últimas semanas.
Mientras la familia hondureña permanece en el centro de detención de Texas, la comunidad jurídica y organizaciones de derechos civiles siguen de cerca este caso, con la esperanza de que siente un precedente que impida futuros arrestos de menores y familias en situaciones similares dentro de los tribunales de inmigración.
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