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La apelación será presentada en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Lockward está acompañado por los abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón, quienes se encargan del aspecto penal del caso.
Lockward criticó la decisión de la jueza Fátima Veloz, a pesar de tener buenas referencias de ella, argumentando que la magistrada tenía varias medidas coercitivas disponibles, desde la prisión preventiva hasta el arresto domiciliario.
El jurista afirma que el tribunal, al imponer fianza, impedimento de salida y presentación periódica, equiparó la fianza por contrato con un accidente de tránsito, ignorando el principio de proporcionalidad ante un hecho que causó 236 muertos y 180 heridos.
Lockward afirmó que, en este mismo caso, la jueza Veloz había ordenado una oposición al traspaso de bienes de Antonio Espaillat por solo 60 días, mediante la orden 2025 a J0024187, la cual ya expiró, lo que indicaría que dichos bienes ya están libres.
Expresó que el tribunal también desestimó la oposición a los bienes de Inversiones E y L SRL, lo que ha permitido a la empresa disponer de decenas de millones en su cuenta bancaria, como consta en el expediente con cheques emitidos por más de RD$ 25 millones.
Además, Lockward señaló que, “peor aún”, la jueza Veloz denegó la oposición a los bienes de la empresa propietaria del local colapsado, solicitada por los querellantes.
El abogado manifestó su descontento: “Entendemos que una magistrada con tan buena trayectoria, sabiendo – aunque el resto no lo sabíamos – de su larga vinculación familiar con los socios del imputado, debió inhibirse porque la gente tiene una percepción negativa de las presiones, actuaciones u omisiones del Gobierno en este caso y esa decisión empeora el ambiente”.
Añadió que, aunque no comparten la tesis de otros colegas sobre el homicidio voluntario, apelarán la decisión judicial debido a su excesiva laxitud, la cual solo puede ser combatida a través de recursos legales.
Los familiares de Ruth Elisa Seija Jerez, la joven gerente bancaria que dejó un hijo huérfano, no solo apelarán la medida de coerción que impuso una fianza de 50 millones de pesos a los dos acusados, sino que también demandarán al Estado como corresponsable y al Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Lockward también refutó el argumento de que los imputados han sido diligentes en atender a las víctimas, basándose en los 57 acuerdos presentados.
Indicó que solo cinco de esos acuerdos corresponden a fallecidos, de los cuales tres eran empleados a quienes se les pagaron sus prestaciones laborales. La mayoría de los acuerdos restantes fueron con abogados que recibieron, en promedio, RD$ 200 mil pesos.
Finalmente, se informó que el cadáver de Ruth Elisa Seija Jerez será exhumado en el Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta.
La muerte de Seija Jerez fue consecuencia del impacto del techo colapsado, aunque el hospital inicialmente dictaminó que fue por causas naturales.
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