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California.- La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, catalogó este martes de “ataque directo” la demanda del gobierno del presidente Donald Trump contra las políticas de santuario de la ciudad y prometió defender a sus ciudadanos y no ceder ante el gobierno de Estados Unidos.
“Siempre protegeré a los angelinos de las acciones injustas y despiadadas de esta Administración”, declaró Bass en una rueda de prensa, añadiendo que su gobierno se mantendrá firme en la defensa de los migrantes.
La demócrata reaccionó así ante la intensificación de medidas de la Administración Trump contra la ciudad, tras demandar el lunes pasado a Los Ángeles por sus políticas migratorias de “ciudad santuario”, argumentando que estas interfieren con la aplicación de leyes de inmigración del gobierno federal.
La demanda, que acusa directamente a Bass y al presidente del consejo municipal, Marqueece Harris-Dawson, busca anular la ordenanza ‘Prohibición del Uso de Recursos de la Ciudad para la Aplicación de la Ley Federal de Inmigración’, que limita el uso de recursos de la ciudad por agencias federales de migración para realizar operativos migratorios o detenciones dentro de la jurisdicción local.
“La demanda es un intento de invalidar la voluntad de la ciudad, exigiendo el fin de una política de larga data para proteger a los angelinos inmigrantes”, indicó la alcaldesa.
Bass criticó la ofensiva migratoria y acusó al gobierno de Estados Unidos de usar a Los Ángeles como un “campo de pruebas para su agenda extremista”, enumerando las diferentes investigaciones en curso, incluyendo una del Departamento de Transporte.
La demanda de Trump alega que la ciudad fomentó actos de resistencia y disturbios relacionados con operativos federales de migración, incluyendo incidentes de violencia contra agentes, y que ha llevado a cabo acciones que constituyen obstrucción a la justicia.
La nueva disputa entre el gobierno de Trump y Los Ángeles surge durante la cuarta semana de operativos migratorios en California, lo que desató protestas en la ciudad.
Estas protestas llevaron al presidente estadounidense a enviar 4 mil soldados de la Guardia Nacional de California, sin el permiso del gobernador del estado, una medida sin precedentes en 60 años.
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