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Washington, D.C.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la ciudad de Los Ángeles por su política de ciudad santuario, la cual impide destinar recursos municipales a la aplicación de las leyes migratorias.
Conforme a la demanda presentada el 30 de junio, las leyes de la ciudad “interfieren con y discriminan al Gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria federal”.
“La consecuencia práctica de la negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades migratorias federales ha sido, desde el 6 de junio de 2025, anarquía, disturbios, saqueos y actos de vandalismo. La situación se agravó tanto que el Gobierno federal desplegó a la Guardia Nacional de California y a marines estadounidenses para contener el caos”, indica el documento.
Tras ser aprobada como ciudad santuario, el Concejo Municipal de Los Ángeles señaló que la “nueva ordenanza adoptada consagra permanentemente las políticas de santuario en la legislación municipal y prohíbe el uso de recursos de la ciudad, incluidos bienes y personal, para tareas de aplicación migratoria o para colaborar con agentes federales de inmigración dedicados a esas labores”.
El Concejo añadió que “la ordenanza también prohíbe el intercambio directo e indirecto de datos con las autoridades federales de inmigración”.
El Departamento de Justicia sostiene que la ley impide que los funcionarios de Los Ángeles asistan a los agentes federales, compartan información y cooperen de otras maneras, lo que, según argumenta, va en contra de la Constitución.
“Las políticas de santuario fueron la causa primordial de la violencia, el caos y los ataques contra las fuerzas del orden que los estadounidenses presenciaron recientemente en Los Ángeles”, afirmó la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, en un comunicado al anunciar la demanda.
Agregó que ciudades como Los Ángeles desobedecen las leyes al priorizar la protección a migrantes por encima de los ciudadanos estadounidenses, acción que ocurre en la administración de Donald Trump.
A principios de junio pasado, Los Ángeles vivió una serie de protestas a causa de las redadas contra los migrantes ilegales en la ciudad, lo que derivó en el envío de alrededor de cuatro mil elementos de la Guardia Nacional para reprimir las manifestaciones.
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