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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Corte de Santo Domingo Este, Natividad Santos, manifestó su inquietud por la reiterada suspensión de audiencias en esta jurisdicción, debido al frecuente incumplimiento en el traslado de los privados de libertad, una situación que está fuera del control del Poder Judicial.
La magistrada señaló que, a pesar de que se hace la solicitud oportuna a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales para trasladar a los internos con procesos asignados en esta jurisdicción, en la mayoría de los casos no se cumple con este requerimiento, lo que origina aplazamientos constantes.
“Cuando solicitamos el traslado con mucha anticipación, nos dicen que fue con demasiado tiempo; si lo hacemos con poca, argumentan que fue muy tarde”, indicó la jueza, al explicar que el sistema digital del Poder Judicial permite gestionar estas solicitudes con suficiente antelación.
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Santos afirmó que ningún juez está exento de esta situación, que afecta de manera significativa el desarrollo de los procesos judiciales en Santo Domingo Este, donde la mayoría de los casos se aplazan por la falta de traslado de los imputados recluidos.
Internos con enfermedades terminales o discapacidad
Con relación a los reclusos que padecen enfermedades terminales o que presentan alguna discapacidad, la jueza Natividad Santos indicó que los jueces no tienen un rol tan activo para identificar estos casos en los centros penitenciarios. Aclaró que, aunque los jueces de Ejecución de la Pena tienen competencia para actuar, solo lo hacen si se les notifica formalmente la condición del interno.
“No tenemos una logística que nos permita identificar a estas personas enfermas o con discapacidad dentro de las cárceles”, manifestó la magistrada durante un encuentro encabezado por el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio.
En la actividad también participaron el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Fran Soto; la consejera Bionni Zayas; el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín; así como jueces, juezas, representantes del sector jurídico, empresarios y líderes comunitarios.
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